“Nos ponen una lápida encima”, aseguraron líderes sociales señalados como vándalos por el Gobierno

El sábado, 15 de mayo, al terminar el consejo de seguridad realizado en Popayán, en el que estuvieron las autoridades departamentales, mandos militares y de Policía, el ministro de Defensa Diego Molano aseguró que de acuerdo con investigaciones previas detrás de los actos vandálicos y la destrucción del espacio público y privado se encontraban las disidencias de las Farc.

Detalló que en la capital caucana se habían identificado algunos presuntos infiltrados y nombro algunos de su alias, además de ofrecer un recompensa por información de su paradero.

“En Popayán han sido identificados algunos cabecillas que han participado en actos vandálicos sus alias ’Andrés’, ‘Cheto’, ‘Maíz’ y ‘Caleño’, por los que además, se ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura”, puntualizó el funcionario.

Sin embargo, al día siguiente el gobernador del departamento colombiano del Cauca (suroeste), Elías Larrahondo, pidió al ministro de Defensa, Diego Molano, claridad sobre los autores del vandalismo en Popayán, la capital regional.

“La ciudadanía caucana ha expresado rechazo frente a las declaraciones realizadas por el señor ministro por mencionar a algunos alias como presuntos autores de los hechos vandálicos. Solicitamos que se aclare el comunicado referido como quiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones”, señaló el mandatario.

Incluso hasta la ONG Indepaz se pronunció ante el tema, y aseguró que estas acusaciones ponen en peligro la integridad y vida de las personas.

“Estas acusaciones son realizadas por encima de procedimientos del debido proceso poniendo en peligro la integridad y la vida de las personas señaladas. En la práctica, el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura y su ejecución como se acostumbra con objetivos de guerra de las llamadas disidencias de las FARC”, anotó la organización.

Ante este hecho, los mismos acusados por el Gobierno nacional, en entrevista con la W Radio manifestaron su inconformidad con las declaraciones y pidieron que las autoridades se retracten pues “nos ponen una lápida encima”.

“Le digo al Ministro de Defensa que exigimos que se retracten de estos señalamientos. Mi labor como defensor de Derechos Humanos siempre ha sido abierta en la construcción de una comunidad de paz”. Dichos señalamientos “ponen en riesgo mi vida y la de mis compañeros”, puntualizó José Daniel Gallego, estudiante de filosofía en la Universidad del Cauca y vocero de la facultad de Ciencias Humanas.

Por su parte, José Daniel Gallego otro de los señalados, dijo que es una muestra del mal Gobierno que produce estigmatizaciones. “El eterno libreto de acusaciones y estigmatizaciones es parte de la historia de los malos Gobiernos de Colombia”, puntualizó Gallego.

Andrés Maíz miembro de la Red de Cocina Tradicional Mesa Larga, integrante de la Mesa de Diversidad Sexual y defensor de Derechos Humanos, a su vez dejo claro que hasta el momento no se han presentado ningún proceso en su contra y que esto no debería pasar.

“No vamos a caer en el plato de los presuntos. Aquí reina la impunidad. No nos presentamos ante las autoridades porque no hay ningún proceso jurídico en nuestra contra. Hay una repercusión contra líderes y lideresas. Hay un baño de sangre en Colombia. Que se retracte o que renuncie”, señaló.

Finalmente, Andrés Duque, estudiante de historia en la Universidad del Cauca y militante de JUCO (Juventud Comunista Colombiana), aseveró y dejo ver su indignación.

“No poder sumarme a la indignación del pueblo por falta de oportunidades, genocidio a los jóvenes, el asesinato a Alison, a ese sentir popular me indigna mucho más. Este Gobierno no ha sido garante de absolutamente nada”, puntualizó el joven.

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