Fiscalía entrega balance sobre el paro nacional a la comunidad internacional

El fiscal Francisco Barbosa habló sobre las acciones que adelanta la entidad por los hechos violentos evidenciados en el marco de las protestas.

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En la imagen, el Fiscal
En la imagen, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. EFE/Carlos Ortega/Archivo

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, este 19 de mayo sostuvo una serie de reuniones con miembros de la Comunidad Internacional en las que les entregó un balance sobre las difíciles situaciones que ha vivido el país en los últimos 22 días, en los cuales se han desarrollado las movilizaciones del paro nacional. Específicamente, el funcionario se refirió a las acciones investigativas y judiciales que se han dado en el marco de las machas.

“Pudimos discutir las diferentes problemáticas que se han venido dando en las últimas dos semanas en Colombia, se les informó y se les entregó un reporte de lo que ha hecho la Fiscalía en las últimas semanas, frente a los homicidios, lesiones personales a población civil, fuerza pública y sobretodo frente al trabajo con 5mil personas en los territorios en medio de las marchas”, dijo el funcionario, agregó que también les habló de las afectaciones que tuvieron en Popayán tras las manifestaciones por el presunto abuso sexual de una menor de edad por uniformados, los manifestantes quemaron las sedes de la Fiscalía, Medicina Legal y la URI.

En las últimas horas, Barbosa reveló que este balance lo dio al delegado del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Schamís; el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de OEA, Roberto Menéndez; el representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massieu; y el director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.

Además, se reunió con la representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero; y con los embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros.

El fiscal Barbosa resaltó que la Fiscalía General de la Nación reconoce el derecho a la protesta social; sin embargo, “cumple su competencia constitucional, así como las obligaciones internacionales en el marco del sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos, en sus 8 líneas de investigación, con objetividad y debida diligencia, bajo el análisis en contexto de las situaciones, para esclarecer los hechos delictivos cometidos durante este período”.

Por eso, detalló que la entidad busca judicializar a los responsables de los actos violentos que impiden que el desarrollo de las protestas sea pacífico. “Esta es una entidad autónoma e independiente en la Rama Judicial, que tiene como función investigar y acusar a los presuntos responsables de estos hechos”, resaltó.

Barbosa destacó en la entidad tienen priorizado el caso de la menor de edad que murió Popayán (Cauca), en cuyo proceso se adelantan las labores para establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la fuerza pública. Pero resaltó que, en medio de las manifestaciones por este acto “perdimos los registros de las entrevistas que se le habían hecho a los niños accedidos carnalmente desde el año 2010, todo fue quemado por este grupo de personas”.

El fiscal Barbosa manifestó que “si Fiscalía no puede investigar, ¿qué garantía tiene la protesta social? Al atacar las instalaciones de Fiscalía y destruir material probatorio se atenta contra derechos humanos porque impide el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia”.

Destacó también que hay 15 homicidios que, determinaron, tienen relación directa con las protestas, entre ellos, el de Lucas Villa, en Pereira (Risaralda); y los 7 casos registrados en Cali (Valle del Cauca), en uno de los cuales se logró la judicialización de un patrullero por la muerte de un menor de edad, entre otros.

El fiscal explicó que la entidad vive un conflicto de jurisdicciones por uno de estos casos en los que está involucrado un uniformado de la Policía. “La Fiscalía está en una acción muy importante; para que en los casos en los que (...) cumplan requisitos, donde exista abuso policial o existan posibles violaciones a derechos humanos, estos sean tomados por la jurisdicción ordinaria”.

También habló del trabajo del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en el marco de las marchas, señaló que gracias a las actividades desplegadas de este mecanismo con la información de los reportes de personas desaparecidas en las manifestaciones, han logrado localizar a 261 personas.

Finalmente, el fiscal Barbosa destacó la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de las agresiones sexuales cometidas en el marco de la protesta. “El día de hoy se creará una comisión especial con enfoque de género para darles una hoja de ruta a las mujeres que se están manifestando en las calles, para que puedan reportar las agresiones”, informó.

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