Diego Cadena podría quedar en libertad por vencimiento de términos

La defensa del abogado Diego Cadena, defensor del expresidente Álvaro Uribe en el proceso cuestionado por manipulación de testigos, solicitó una audiencia para pedir la libertad del detenido.

Según el abogado Iván Cancino, quien representa a Cadena, este lleva más de 240 días detenido desde agosto de 2020 después de que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria y aún no ha empezado formalmente su juicio por lo que sería acreedor del beneficio de libertad, para continuar afrontando la acusación.

En ese caso, el proceso de Cadena ya habría vencido los términos, pues no ha iniciado el juicio formal después de que la Fiscalía radicó el escrito de acusación, por falta de material probatorio solicitado por la defensa.

Cancino explicó al diario El Tiempo que solicitaron un material probatorio clave en el proceso, que no ha sido trasladado. Al parecer, se trata del expediente de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, donde existen pruebas en contra del abogado, quien fue apoderado del exsenador y están judicializados por los mismos hechos.

El abogado de Cadena está convencido de que su defendido quedará en libertad. Según le dijo a El Tiempo, “si no es esta semana, Diego Cadena quedará libre la próxima”, así mismo aseguró que no ha adelantado ninguna maniobra dilatoria para lograr esa concesión.

La defensa ya radicó la solicitud al Centro de Servicios Judiciales y la audiencia en la que solicitarán la libertad quedó programada para el próximo 25 de mayo, cuando un abogado con funciones de control de garantías revisará los argumentos.

Diego Cadena es investigado por haber sido presuntamente el abogado de Álvaro Uribe que buscó y sobornó a paramilitares, con el fin de cambiar su versión sobre los vínculos del expresidente en la conformación del Bloque Metro y acusar a Iván Cepeda de ofrecer beneficios por esas declaraciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien se encuentra sentenciado a 20 años de cárcel, afirmaron, bajo juramento, que habían recibido más de $40 millones por parte de Diego Cadena. Frente a esto, el abogado reaccionó diciendo por medio de su defensa que “esas personas mienten y que tienen cómo probarlo”.

El periódico El Espectador obtuvo las declaraciones juradas que rindieron los familiares del exparamilitar en la Fiscalía, las cuales demuestran que ellos habrían sido contactados tanto por Cadena como por Juan José Salazar.

Ricardo Diosa, primo del alias Víctor, en una declaración jurada que dio ante la Fiscalía dijo: “Yo recibí $10 millones, pero, en sí, ellos nunca cumplieron con la cantidad prometida, que eran $200 millones”. Esta declaración, junto a los de tres familiares más del exparamilitar, forman parte de las pruebas con las que la Fiscalía llamó a juicio a Cadena y Salazar.

Además de esta declaración, dichos familiares también le informaron al ente investigador que Salazar y Cadena los llamaban directamente para entregarles dinero o dándoles las indicaciones de dónde recogerlo, cuando este era enviado en efectivo.

Según el escrito de acusación con el que la Fiscalía llamó a juicio a los abogados, “Carlos Enrique Vélez debía cambiar su versión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones que se adelantaban en contra del aforado por la masacre de El Aro y también debía manifestar ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Cepeda le había ofrecido mejorar sus condiciones carcelarias, siempre y cuando declarara en contra del expresidente”.

Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en contra del exmandatario, también aseguró a la Corte Suprema de Justicia, que él recibió presiones de Cadena, en visitas a la cárcel La Picota, para retractarse.

Según el confeso paramilitar, el abogado llegó al penal con un formato redactado para que lo firmara y llevarlo a la Corte Suprema, en la que declaraba su retractación de las afirmaciones en contra de Uribe. Por esas razones, tanto Cadena como el expresidente son investigados por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.