Durante el paro, la Procuraduría ha abierto procesos disciplinarias contra 71 miembros de la fuerza pública

La Procuraduría General de la Nación presentó esta tarde un balance con los datos más representativos con respecto a su labor en el marco del paro nacional, que cumple 21 días de duración este 18 de mayo. Como dato inicial, se dio a conocer que ya abrieron 80 acciones disciplinarias contra funcionarios públicos que han demostrado comportamientos cuestionables durante las jornadas de protestas

De estos, reportó el Ministerio Público, hay 71 que fueron abiertos en contra de miembros de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Adicionalmente, hay otros nueve contra funcionarios de otras dependencias del Estado. Lo anterior, en el marco de 3.337 acciones de acompañamiento, incluyendo monitoreos, acompañamientos a marchas, participaciones en puestos de mando unificados y mesas de diálogo.

Sobre el primer grupo se sabe que hay 51 acciones disciplinarias que se desarrollan dentro del del orden provincial y regional, mientras que otros 20 corresponden a cuestiones de poder preferente, lo que quiere decir que están bajo jurisdicción directa de la Procuraduría y que es esta la que se encarga de adelantar la acción disciplinaria y garantizar la efectividad y eficacia de la misma, de manera coordinada con las demás autoridades habilitadas para su ejercicio.

En otras palabras, el ente de control tomó control de tal número investigaciones, que estaban a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional, para adelantar la acción disciplinaria y garantizar el debido proceso, la celeridad de las actuaciones, y los derechos de las víctimas, a fin de alcanzar la verdad material. Ello, teniendo como eje rector, el respeto por derechos humanos como la vida y la integridad; así como el derecho a la protesta.

De acuerdo con la Procuraduría, de las investigaciones, hay nueve casos asociados a homicidios en Cali, Valle del Cauca); Madrid, Cundinamarca e Ibagué, Tolima. De igual manera, se adelantan tres procesos disciplinarios por presunto abuso sexual en Cali, Popayán, Cauca y Manizales (Caldas); y una indagación preliminar por acción arbitraria de la Fuerza Pública en las instalaciones del Colegio Claretiano de Bogotá.

La gran mayoría de estos casos se encuentran en etapa de labores investigativas y de recolección de pruebas, que se encuentran a cargo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad y de 19 agencias especiales con la que se designó una comisión de procuradores judiciales penales para que intervengan de manera permanente en el curso de los procesos de la Fiscalía General de la Nación y Justicia Penal Militar.

Por otra parte, están las nueve acciones contra funcionarios públicos siendo las más representativas, en este caso, las investigaciones disciplinarias que se llevan a cabo contra Wilson García Fajardo, alcalde de Zipaquirá, Cundinamarca; y Fabio Medrano, alcalde de Paipa, Boyacá.

Adicionalmente, hay otras seis indagaciones preliminares contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el alcalde de Cartagena, William Dau; el alcalde de Pereira, Carlos Maya; el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman Ortiz; la concejala de La Tebaida, Fanny Flórez Jiménez y el concejal de Guarne, John Salazar; y una indagación preliminar contra el gerente del Hospital San Joaquín de Nariño, Antioquia, Felipe Cadavid, quien apareció en video diciendo que Lucas Villa, estudiante asesinado en el marco del paro nacional, estaba “bien muerto”.

“La Procuraduría advierte que los funcionarios públicos, en este caso los alcaldes y gobernadores, en su calidad de primera autoridad de los municipios de su jurisdicción, tienen la posición de garantes de los derechos tanto de los manifestantes como de las personas que no desean protestar”, recordó la entidad.

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