Campesinos del Catatumbo señalan a Duque de poner en riesgo su vida al ordenar la “máxima capacidad operacional”

Los habitantes de los nueve municipios que integran la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, que participan del paro nacional, rechazaron la militarización de las protestas. A través de un comunicado de prensa emitido este 18 de mayo a nombre de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), grupo que lidera las manifestaciones en la zona, le exigieron al Gobierno nacional llegar a acuerdos que beneficien a las comunidades y que se respete el derecho a la protesta.

En particular, los campesinos se refirieron a una alocución del presidente Duque emitida el 17 de mayo en la tarde, en la que sostuvo que los bloqueos son violentos e ilegales, por lo que ordenó a la fuerza pública “desplegar toda su capacidad” para evitarlos.

“Los bloqueos en carreteras han afectado a millones de ciudadanos en su movilidad y han traído afectación para la circulación de alimentos, desabasteciendo ciudades enteras; este tipo de prácticas son ilegales y están además censuradas en el código penal. Hemos dado instrucciones a todos los niveles de la fuerza pública para que en los territorios, con alcaldes y gobernadores, desplieguen su máxima capacidad para que dentro de la proporcionalidad y dentro del estricto cumplimiento de los derechos humanos, recuperemos la movilidad” , dijo el mandatario durante su alocución.

Esta declaración, según Ascamcat, estigmatiza a los manifestantes y da pie para que se vulnere el derecho a la protesta. Los manifestantes del Catatumbo señalan que con sus palabras, el presidente Duque demuestra que no está abierto al diálogo y no está escuchando los problemas y exigencias de los ciudadanos.

“Reiteramos nuestro rechazo a la militarización de la movilización social por parte del Estado. Rechazamos las decisiones que hoy 17 de mayo Iván Duque presenta al país declarando la represión violenta a las personas manifestantes. Está alocución es la evidencia de que el gobierno no quiso abrir los canales de diálogo, no escucha las exigencias de las organizaciones movilizadas y no ha actuado bajo la debida diligencia y los principios constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que le impone salvaguardar la vida y la dignidad de los manifestantes del paro”, aseguró Ascamcat.

Los campesinos del Catatumbo señalan que la orden fue tomada sin tener en cuenta que, si bien es cierto que en medio del paro se presentan bloqueos, las comunidades también están habilitando corredores humanitarios para evitar el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Además, a través de estos espacios también transitan quienes deben movilizarse entre ciudades o municipios para trabajar o recibir atención en salud.

En particular, en la subregión nortesantandereana los campesinos están protestando en la vía que conduce de Cúcuta, la capital del departamento, a Tibú y a Ocaña y la costa atlántica del país. Desde que se tomaron este espacio han habilitado corredores humanitarios que han sido verificados por la Defensoría del Pueblo y la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia.

Ya que los campesinos aseguran que están protestando pacíficamente y están colaborando para no afectar al resto de ciudadanos, piden que la fuerza pública no los reprima. Al finalizar el comunicado, Ascamcat alertó que esta situación los pone en riesgo y pidió que organismos internacionales vigilen la situación.

“Alertamos la inminencia de la agresión y el ataque violento y represivo a quienes nos encontramos manifestándonos. La orden de despliegue de la “máxima capacidad operacional” de la fuerza pública constituye un grave riesgo para la vida e integridad de las personas manifestantes y a su vez exponiendo a un gran riesgo los corredores humanitarios. Hacemos un llamado a los organismos internacionales, al Sistema de la ONU, a los organismos de control, a las autoridades departamentales y locales para que detengan este ataque”, dijo Ascamcat.

Hay que mencionar que un pronunciamiento parecido también fue hecho por las comunidades indígenas del país, que señalan al Gobierno de oprimirlos y aseguran que no se están garantizando los derechos de los manifestantes.

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