Este sábado al terminar el Consejo de Seguridad en a Popayán por las recientes protestas, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del ataque a la URI de Policía y la sede de Medicina Legal.
El funcionario señaló como responsables de acciones terroristas a cuatro jóvenes a quienes acusó de responder a planes de grupos armados criminales. Según el ministro: “La primera hipótesis apunta a que integrantes de las disidencias de las Farc estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6, por ello en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas que por estos actos vandálicos como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Caleño, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por aquellos que den información que permita esclarecer este hecho y acto terrorista que afecta la ciudad y al institucionalidad”.
Tras estas acusaciones del ministro Molano, la organización Indepaz rechazó que se señale de terroristas a tres de estos cuatro jóvenes, que dicen han trabajado con ellos en actividades por la memoria y la paz en el Cauca.
“Estas acusaciones son realizadas por encima de procedimientos del debido proceso poniendo en peligro la integridad y la vida de las personas señaladas. En la práctica, el señalamiento de estos jóvenes como objetivos de alto valor equivale a autorizar su captura y su ejecución como se acostumbra con objetivos de guerra de las llamadas disidencias de las FARC”, señaló Indepaz. Así mismo, aseguran que los jóvenes en mención son reconocidos líderes sociales.
Uno de ellos es José Daniel Gallego, líder estudiantil, estudiante de filosofía de la Universidad del Cauca, miembro del colectivo ‘Arando Semillas para la paz’, de la mesa de diversidad sexual de Popayán, de la comisión de DDHH de la Universidad del Cauca y del colectivo estudiantil Tuto González Posso. Un reconocido defensor de derechos humanos y hombre de paz.
Indepaz asegura que Gallego fue organizador el pasado 4 de marzo del evento de homenaje al estudiante Tuto González, realizado en Popayán por la Federación de Estudiantes Universitarios, al cumplirse 50 años de su asesinato en una manifestación de protesta.
El ministro también señaló a Andrés Maíz Sánchez, un comunero indígena Nasa del Resguardo de Julumito, del Cric. Según la organización es un destacado líder social que articula procesos de comunidades campesinas, afro, sectores urbanos, y de personas diversas. Miembro fundador de la red de cocineros tradicionales Mesa Larga, guardián de semillas de la red de guardianes de semillas nativas. En sectores campesinos, afrodescendientes y urbanos articula con el PUPSOC y la Marcha Patriótica.
Mientras tanto, Andrés Duque, es un líder social que realiza trabajos de organización y solidaridad en los barrios de la ciudad. Hace parte de periferia Crítica y de la Corporación Sinaí.
“Al acusar a los mencionados líderes sociales como terroristas y cabecillas de un grupo armado organizado que presuntamente se ha robado 52 fusiles y armas de dotación oficial, se está poniendo en peligro su vida. Además, con este procedimiento y el anuncio de militarización de la ciudad y de ordenes de acción implacable por parte del ESMAD, lo que se pretende es sembrar el miedo y el terror entre la población y justificar el tratamiento de guerra a la situación de orden público y a las manifestaciones de protesta en Popayán”, Indepaz.
En el comunicado también rechazan que agentes del Estado actúen con armas de fuego o con equipos supuestamente no letales que se usan para dañar e incluso matar como sucedió con el joven Sebastián Quintero Múnera, asesinado el 14 de mayo de 2021.
Indepaz llama la atención a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, a la CIDH y a toda la comunidad internacional sobre la grave situación que se presenta en Popayán cuando se declara a civiles y defensores de derechos humanos como objetivos de guerra y al mismo tiempo se elude la responsabilidad de la Fuerza Pública por la violencia desproporcionada.
La oficina de la ONU para los derechos humanos, se mostró preocupada por estas acusaciones del ministro de Defensa. “Seguimos con preocupación información de Indepaz. Resaltamos labor de l@s defensor@s de #DerechosHumanos que es fundamental en el momento que vive el país. Trabajamos al lado de defensores y defensoras en #Colombia. Urgimos por su protección y garantía para su vida y su labor”, aseguran.
SEGUIR LEYENDO: