En 20.000 millones de pesos estimó el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, los daños que sufrieron las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y de la sede de Medicina Legal de Popayán (Cauca), tras los disturbios que ocurrieron en la jornada de protestas del viernes en esa ciudad con motivo del suicidio de una adolescente que denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de policías la semana pasada, cuando fue detenida en las manifestaciones del paro nacional contra el gobierno de Iván Duque.
“Los daños inicialmente están valorados por 20.000 millones de pesos, estamos hablando al mismo tiempo de la pérdida de información muy importante. De archivos en donde reposaban las entrevistas que desde el año 2010 se habían hecho a niños violados. Destruyeron la única cámara de gesell especializada y técnica para proteger en las investigaciones a nuestros chiquitos”, dijo.
El funcionario hizo el balance preliminar con el listado de los daños que ocurrieron por los disturbios del viernes en la capital caucana.
“El terrorismo urbano, en conjunción con la delincuencia organizada, incendiaron y saquearon la URI de la Fiscalía General de la Nación de esta ciudad, destruyendo la sede de nuestro Instituto de Medicina Legal. Se incineraron 9 vehículos de la entidad, 6 motocicletas, decenas de equipos de computo, impresoras, fueron robadas armas y munición que contenía los armerillos. Extrajeron sustancias estupefacientes que estaban incautadas”, indicó.
El Fiscal General reiteró que con los destrozos que se le ocasionaron a la sede de Medicina Legal se hacía un grave daño a las investigaciones que se realizaban de los crímenes que han ocurrido en esa población.
“La destrucción de los laboratorios forenses en esta ciudad es una calamidad. Allí nuestros investigadores científicos trabajaban incluso en el esclarecimiento de los hechos sucedidos ayer, el almacén de evidencias en la Fiscalía fue desvalijado en donde reposaban elementos materiales probatorios de cientos de procesos judiciales que se adelantaban en el departamento del Cauca”, señaló.
Barbosa además aseguró que por estos hechos se dificultará la investigación de la muerte de Sebastián Quintero, que resultó muerto en medio de los disturbios del viernes, luego de que al parecer un artefacto lo impactara en su cuello.
“La muerte del joven será priorizada en las investigaciones, pero quiero recordarle a la ciudadanía de Popayán que no tenemos en este momento un instituto forense para poder hacer análisis sobre ese cadáver y determinar ni esclarecer lo que ocurrió”, indicó.
No obstante, aseguró que en el caso de la adolescente que se suicidó se logró rescatar el material probatorio que se tiene sobre ese caso y que estaba en la sede del instituto forense en Popayán.
“Un equipo de Medicina Legal recuperó la evidencia biológica para realizar y esclarecer lo denunciado por la comunidad. Asimismo se ordenó una autopsia psicológica con el fin de determinar el contexto en el que ocurrieron los hechos”, sostuvo.
Agregó que para ese caso se había designado un equipo de fiscales para poder también esclarecer lo que denunció la menor antes de que decidiera quitarse la vida.
“La señora vicefiscal está al frente en las investigaciones que se han venido dando en los últimos días producto de las denuncias públicas de la ciudadanía frente al caso de la menor de edad fallecida. Se envió a dos fiscales a esta ciudad, una de ellas experta en temas de género y con enfoque en niños, niñas y adolescentes”, aseguró.
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