En la noche del viernes 15 de mayo se vivió un verdadero caos en Popayán, capital del departamento del Cauca, por cuenta de los actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad y que, acorde al reporte de las autoridades, dejan un saldo preocupante.
Los hechos se dieron en medio de las manifestaciones del paro nacional, que ya completa 18 días desde el pasado 28 de abril, y tras confirmarse la muerte de Alison Meléndez, una joven de 17 años que se quitó la vida tras haber denunciado abusos sexuales por parte de uniformados de la Policía, cuando fue detenida en el marco de las manifestaciones.
Sin embargo, uno de los sitios donde se vivió mayor tensión fue en la sede de la Fiscalía, pues los vándalos atacaron durante varias horas la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde habría sido abusada la menor, Medicina Legal y varias sedes en las que son atendidas las denuncias por violencia intrafamiliar, según explicó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien fue enviado este sábado por el presidente Iván Duque para llevar a cabo un consejo de seguridad junto con el ministro del Interior, Daniel Palacios.
Las autoridades confirmaron el robo de unas 51 armas de fuego, entre las que se encontraban 15 fusiles Galil, además de todos los testimonios de menores de edad violados, cuyos procesos eran adelantados por la Fiscalía desde el 2005, con lo que cientos de delitos pueden quedan en la impunidad. Además, señaló el MinDefensa, en estos despachos se estaban desarrollando varias investigaciones sobre crímenes de organizaciones delictivas junto con 38 procesos contra personas del ELN y Farc, quienes habían ejecutado acciones terroristas en el departamento del Cauca.
Según explicó Molano, “el ataque debe ser calificado como un acto terrorista. Un hecho delincuencial premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás. [...] Nada justifica que se tome justicia por sus propias manos y un grupo de delincuentes hubieran destruido estas instituciones”. Y añadió que “este evento no solo buscaba su destrucción sino adicionalmente, pretendía afectar el desarrollo de la justicia”.
“Cinco despachos afectados, allí por supuesto, se desarrollaban investigaciones, relacionadas con investigación de crimen, que había sido desarrollado en este departamento y de organizaciones criminales hace muchos años y que adicionalmente tenía presencia de algunos de los indiciados que tienen responsabilidades de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca”, indicó Molano.
La turba enardecida también quemó siete vehículos que servían a todo el departamento, y muchos de ellos, al igual que algunas motos, quedaron reducidos a cenizas. Del lugar también se llevaron varios televisores y computadores, e incluso, un sector de los protestantes intentó llevarse los cadáveres en estado de descomposición que permanecían en Medicina Legal y a la espera de ser entregados a sus respectivos familiares.
Durante la violenta noche de protestas murió Sebastián Quintero Múnera, estudiante de quinto semestre de ingeniería informática del Colegio Mayor del Cauca, y adicionalmente se presentó la destrucción de señalizaciones de tránsito, alumbrado público, cajeros y una empresa de telecomunicaciones, esta última siendo incendiada. MinDefensa pidió esclarecer las muertes, tanto del joven universitario como de Alison Meléndez y ofreció hasta 50 millones de pesos por información sobre los autores de los actos vandálicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia manifestó su rechazo por dichos acontecimientos: “Urge proteger evidencias forenses que allí se encuentran y que son fundamentales para búsqueda de desaparecidos, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Los funcionarios se encuentran a salvo, les expresamos nuestra solidaridad”.
El Gobierno anunció que seis secciones del Esmad y tres pelotones del Ejército llegaron para garantizar el control de Popayán luego de que los servicios de inteligencia aseguraran que las actos vandálicos en la ciudad continuará.
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