La Defensoría del Pueblo dio a conocer que ha recibido 87 reportes de violencia basada en género contra mujeres y personas con orientación sexual e de identidad de género diversas, entre el pasado 28 de abril, cuando iniciaron las manifestaciones en el marco del paro nacional y el 14 de mayo. Los casos presuntamente habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública.
De acuerdo con la entidad, los reportes fueron obtenidos por medio de su Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres, y Asuntos de Género, la cual, durante el seguimiento y acompañamiento durante las manifestaciones, ha monitoreado los casos de violencia por parte de la Policía y/o el Esmad durante las 24 horas del días, en toda la semana.
En total, los tipos de violencia más reportados a la Defensoría del Pueblo fueron: 67 casos por violencia física, seguido por 63 de uso desproporcionado de la fuerza y la autoridad, y 54 de violencia verbal.
La entidad, además dio a conocer que también recibió reportes de 2 casos de violencia sexual; 14 otros casos de ese tipo de violencia como tocamientos inapropiados con carácter sexual, amenazas de violencia sexual, o cualquier otro tipo de acto que afecte la libertad e integridad sexual de la persona; 18 casos de cachetadas, pellizcos y jalada de cabello; 5 casos de tortura física, y 4 casos de tortura psicológica.
“Uno de los casos más lamentables es la muerte de una adolescente en la ciudad de Popayán, quien después de haber estado bajo custodia de la Policía, denunció presuntos hechos de violencia sexual. Dada la gravedad de las acusaciones, solicitamos a las autoridades priorizar la investigación para esclarecer los hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes”, señaló la Defensoría del Pueblo.
El organismo también detalló que el 79 de estos casos reportados fue en contra de mujeres, mientras que las 8 víctimas restantes fueron población LGTBI y personas de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversa (OSIGD).
Los hechos, en total fueron reportados en 19 departamentos, de los cuales, en los que mayores casos se registraron fueron Antioquia (20) y Valle del Cauca (20), seguidos por Nariño (12) y Cauca (8).
“Cada una de estas agresiones es inadmisible. Así mismo, los efectos que las mismas tengan en la salud, psicológica, emocional y física de las víctimas. Por este motivo, la Defensoría alerta sobre las graves consecuencias que este tipo de violencias pueden tener sobre las vidas e integridad de las mujeres”, indicó la entidad.
Sobre los casos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la fuerza pública para que tome las acciones pertinentes para prevenir esos hechos de violencia en contra de niñas, jóvenes, mujeres y personas con orientación sexual e identidad diversa, que atentan contra la integridad de las mismas.
Como última medida, el organismo recalcó la necesidad de que “cada CAI, URI, CPT, entre otras instalaciones donde son detenidas y/o trasladadas las personas, tenga activo y en uso cámaras digitales 24 horas que permitan corroborar este tipo de versiones de forma expedita”, de tal manera que se prevengan posibles abusos de poder, autoridad y violencia por parte de la fuerza pública de Colombia.
La ONG Temblores, por su parte reportó con corte al 12 de mayo, 16 casos de violencia sexual, 3 de violencia basada en género, 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública, y 30 víctimas de agresiones oculares.
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