La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó este viernes 14 de mayo la tercera audiencia de versión voluntaria del general retirado Rito Alejo del Río, esta vez para entregar detalles sobre dos de los macrocasos que investiga esta corporación: el número 4, sobre la violencia paramilitar en el Urabá, y el número 6, sobre el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Como en otras comparecencias, el militar retirado volvió a negar sus nexos con las autodefensas y hasta dijo que no recuerda la masacre cometida contra miembros del partido político de izquierda.
En la versión estuvieron presentes el magistrado Gustavo Salazar, co relator del caso 6, quien dirigió la sesión; y la magistrada Nadiezhda Henríquez, del caso 4, quien cubrió labores de acompañamiento. Ambos iniciaron el encuentro preguntándole al general (r), llamado el pacificador del Urabá, por su conocimiento sobre la creación de las fuerzas paramilitares en esa región del país, a lo que su interlocutor respondió con negativas.
Posteriormente, Salazar procedió a preguntarle por su accionar en contra de las Autodefensas Unidas de Colombia mientras estuvo al mando de las tropas militares del Magdalena Medio, a mitad de la década de los 80. Para responder, del Río relató el único caso del que dice tener conocimiento:
“Por ejemplo en el Batallón Rafael Reyes, el único que apareció allá como paramilitar de las autodefensas que quiso llegar allá, fue un tal Omar Rayo, con unos individuos, que asesinaron a un señor, y se actuó. La tropa bajo el mando mío actuó y capturó a ese bandido, un tal Sema, fue entregado al juez correspondiente, lo enviaron para El Socorro, la cárcel, y creo que fue sentenciado como a 25 o 30 años de cárcel. De resto, allá se hizo la persecución de todos estos señores "
Posteriormente, Del Río procedió a mostrar en una recreación geoespacial de Santander, cuál fue la zona de influencia de ese batallón durante el periodo entre 1985 y 1996. El mismo, sirvió de excusa para volver a inquirir sobre las conexiones entre esa división del Ejército Nacional y los grupos paramilitares, sin embargo, la respuesta no cambió: “no tengo ni tuve vínculo alguno con ellos”, dijo.
Lo mismo sucedió cuando Salazar trajo a colación el testimonio del exoficial del Ejército Luis Antonio Meneses, alias ‘Ariel Otero’, quien dijo que para 1982 y 1983 unos seis o siete oficiales, al parecer del Batallón Bárbula, “entrenaron paramilitares en la región para ejercer control militar”. Del Río admitió haber escuchado del tema por esa época, pero se quedó corto a la hora de explicar por qué no lo denunció:
“Estaba completamente conocido por los comandos superiores. No era mi competencia, yo no tenía funciones investigativas. Es más, yo a Puerto Boyacá he ido en mi vida, pero de paso. La denuncia la hace uno cuando tiene conocimiento de un hecho, de allá se podría dar informes de inteligencia, que no son base para una denuncia formal, porque todo el mundo hablaba de ese fenómeno allá”.
Posteriormente, la audiencia abrió paso a la conversación sobre el exterminio de la UP, específicamente de la masacre de Campo Capote en 1986 —que dejó cuatro muertos y cuatro heridos—, y de la que el exoficial dice no acordarse:
“Yo realmente no me acuerdo porque eso hubiera sido muy notorio. No la tengo presente. Yo le he dicho francamente de las que yo conozco, pero esa me sorprende porque ya para esa época yo no tenía conocimiento de eso. Es más ‘Vladimir’ (Jesús Baquero Agudelo, alias ‘El Negro Vladimir’) si él era el que estaba dirigiendo eso, se voló de las Farc en el año 87, entonces mal podría estar allá él”.
Las declaraciones causaron molestia, pues como señaló el magistrado Salazar, “es un hecho público y notorio”, ampliamente cubierto por medios de comunicación de la época, por lo que resulta difícil creer que el general (r) no lo recuerde. No obstante, el uniformado se comprometió a verificar esos hechos, insistiendo en que no lo tiene presente.
Ese, sin embargo, no fue el único desencuentro causado por el tema de la UP: el togado tuvo que exigirle al militar retirado que no hiciera acusaciones sin pruebas en la audiencia, luego de que el primero pusiera en duda la labor de las oficinas de derechos humanos en el país, al señalar que algunas de esas entidades eran, para los 90, más negocio que organizaciones defensoras. “Si usted tiene una acusación en concreto, debe dar nombres, porque no le voy a permitir aquí que haga generalidades de este tipo”, dijo Salazar.
Para defenderse, Del Río se refirió a “algunas organizaciones que me han imputado aspectos que bajo ningún punto de vista son aceptables. Por ejemplo, la Congregación de Justicia y Paz me hace imputaciones a mi inclusive de delitos transnacionales como es que cuando se cayó el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que traía repuestos para los aviones Mirage, dice ahí que yo estaba en Israel y que mandé el cargamento más grande de armamento para las autodefensas”.
Valga recordar que al general retirado se le ha acusado de encontrarse con Carlos Castaño, líder de las AUC, en ese país para asegurar el envío de armas para ese grupo. Sobre su relación con dicho individuo y otras presuntas reuniones de ambos en otros lugares como la base Militar de Tolemaida, del Río dice que “Nunca, nunca me reuní con él” y agrega que:
Eso de que iba a volar a Melgar, nunca lo conocí tampoco. Hay personas personas que especulan y habría que mirar esto, porque yo no tenía conocimiento de estas declaraciones. Yo voy a documentarme muy bien porque unas declaraciones tan falsas tendrán que sustentarlas.
La declaratoria finalizó tras casi cinco horas en las que Rito Alejo del Río negó la mayoría de cuestionamientos sobre su relación con los paramilitares y el exterminio de la UP.
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