En Norte de Santander se habilitó otro corredor humanitario para dejar pasar alimentos, medicinas, entre otros productos esenciales. El anuncio fue hecho este 13 de mayo por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que junto a la Coordinación de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), el Movimiento Social y Político Marcha Patriótica (Mapa) y las juntas de acción comunal (JAC) de la subregión están protestando en la vía que conduce de Cúcuta, la capital nortesantandereana a Tibú y a Ocaña y la costa atlántica del país desde el pasado 28 de abril.
Cabe decir que estos corredores humanitarios han empezado a ser habilitados desde hace varios días. De hecho, según Ascamcat solo hoy se lograron movilizar por la ruta mil camiones y el pasado lunes 486, para un total de 1.486 vehículos que han ayudado a la distribución de alimentos, medicinas y combustible para evitar el desabastecimiento en el departamento.
“El pasado fin de semana en la reunión que se realizó en el municipio de El Zulia con alcaldes, personeros, comerciantes, transportadores de los municipios de Sardinata, Tibú y El Zulia, se logró un acuerdo de permitir el ingreso y salida de alimentos y otros productos, entre Cúcuta-Tibú”, dijo un vocero de Ascamcat a RCN Radio.
A pesar de lo anterior, la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de los nueve municipios que hacen parte de la subregión del Catatumbo aseguran que es necesario que el bloqueo se levante de forma definitiva. Ante la solicitud, las comunidades declaradas en paro aseguran que no se restablecerá el funcionamiento de la carretera hasta que el Gobierno nacional los escuche.
Quienes se unieron al paro son, en su mayoría, campesinos de la subregión. Ellos aseguran que lo hicieron para rechazar el proyecto de reforma tributaria, que fue ya fue retirado del Congreso de la República, pero han seguido manifestándose para exigir que el Gobierno nacional no implemente la aspersión aérea con glifosato en el departamento.
Hay que recordar que estas comunidades, junto a varias organizaciones de derechos humanos, se oponen desde hace tiempo a que se use el químico en el país. Los campesinos directamente afectados sostienen que la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos es posible siempre y cuando el mismo Gobierno se comprometa a ejecutar el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) propuesto en el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.
Cabe anotar que mientras hay una solución a esta situación, y a pesar de mantener firme su voluntad de protestar, los miembros de Ascamca, Coccam, Mapa y las JAC temen ser violentados por la misma fuerza pública o civiles armados.
Esto está relacionado a una denuncia que hicieron las asociaciones el 11 de mayo en la que dicen que se sienten intimidados porque su territorio fue militarizado después de que el expresidente Álvaro Uribe Velez los señalara de “impedir el desarrollo de la región”.
El expresidente publicó un mensaje en la noche del 10 de mayo en el que acusa a Ascamcat de evitar que los productos agrícolas de la subregión salgan de allí y además, de forma indirecta, los señala de entorpecer el proceso de restitución de cultivos ilícitos. Ante el hecho, los campesinos se defendieron y aseguraron que no es cierto porque ellos ya estaban habilitando corredores humanitarios desde hace días.
“Alertamos a la comunidad nacional e internacional por la amenaza de vulnerar nuestros derechos que en este momento se presenta en el territorio, dado a que la señal de teléfonos celulares está siendo restringida. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) se encuentran en el corregimiento de la Y de Astilleros, en el municipio El Zulia y hay un sobrevuelo de helicópteros de la fuerza pública y la zona está militarizada, por lo que tenemos que podamos ser atacados indiscriminadamente, dicho se da tras la publicación de la expresidente Álvaro Uribe por la Red social Twitter”, se lee en una carta emitida por los campesinos.
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