En la tarde de este viernes 14 de mayo se confirmó la condena de seis años y dos meses de prisión en contra del exgobernador del Cesar Lucas Gnecco Cerchar. La decisión la tomó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, luego de sopesar las pruebas que involucran al exmandatario en una serie de irregularidades en los procesos de contratación en el departamento durante su segundo mandato entre 1998 y 2000.
Según determinó ese tribunal, el acusado firmó durante ese periodo una serie de decretos que permitieron modificar, sin la aprobación de la Asamblea Departamental, las apropiaciones del Presupuesto de Rentas y Gastos que se iba a usar en el Cesar durante el periodo fiscal correspondiente a 1999.
Esto, a su vez, desencadenó la suscripción irregular de al menos 101 contratos gracias a dineros que debieron haberse destinado al funcionamiento del sector docente. De hecho, por medio de la resolución 1497 de 28 de junio y el decreto 011 de 20 de enero de 1999, el entonces gobernador dejó encargados de ordenar dichos gastos al secretario de Educación, Wilson Enrique Molina Jiménez, y al gerente de Proyectos Especiales, William Rincón Cortés.
Valga señalar que, Gnecco ha estado envuelto en procesos judiciales por todo tipo de crímenes, prácticamente durante los últimos 21 años. De hecho, su segundo periodo en la Gobernación del Cesar terminó de forma prematura, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 42 meses de prisión por constreñimiento al elector con el apoyo de paramilitares en su campaña de 1997.
Su nombre volvió a aparecer en 2004, cuando la Fiscalía emite el documento de acusación en su contra por el mismo caso por el que fue condenado este viernes. Dicho proceso, que para finales de 1999 dejaba a la Gobernación del Cesar con un saldo en rojo de $194′262.668 se resolvió cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 24 años de prisión por prevaricato y celebración indebida de contratos, no obstante, quienes terminaron pagando pena fueron los funcionarios, que firmaron dichos documentos.
En 2015, el exparamilitar Luciano Rojas Serrano, alias ‘Henry’, lo implicó en el asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres, jefe de redacción del diario local El Pilón, el 16 de septiembre de 1999; mientras que en 2018 se le relacionó también con el ‘cartel de la toga’, pues, de acuerdo con el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el senador José Alfredo Gnecco, hijo del exbogernador, pagó un soborno de $150 millones de pesos a los magistrados de la Corte, para dilatar sus procesos judiciales.
Con todo, la Procuraduría y la Fiscalía volvieron a solicitar en 2019 que se volviera a condenar a Gnecco por el caso de los contratos escolares, pues en palabras del fiscal Carlos Iván Mejía, “No fue ajeno el gobernador por la forma burda y grosera como se cometieron las irregularidades”. “Convenientemente para intentar distraer su responsabilidad decide delegar su responsabilidad en una persona que hoy se muestra como un simple firmón de unos trámites”, agregó.
Así, llegamos a 2021, cuando la Corte Suprema, citada por el diario El Tiempo, determinó que “lo que devela la prueba (…) es que las maniobras presupuestales y la delegación de la ordenación del gasto, conductas desplegadas por Gnecco Cerchar en su condición de gobernador y representante legal de la entidad territorial, fueron el mecanismo a través del cual facilitó la consecución ilegal de recursos y sus posterior apropiación por terceros, a través de la profusa actividad contractual adelantada”.
De acuerdo con la entidad, en 11 de los contratos analizados, por $692 millones, se encontraron problemas de disponibilidad presupuestal, debido a la asignación arbitraria de los dineros aprobada por el acusado. Igualmente, todos carecían de estudios previos o de una licitación de contratista, lo que quiere decir que fueron asignados de forma directa.
En ese sentido, la corporación advirtió que, “para la Sala deviene claro que en su trámite, celebración y liquidación se incumplieron de forma sistemática los principios de transparencia, economía, planeación, responsabilidad, publicidad y selección objetiva exigibles de la contratación administrativa”. De igual forma, concluyó que también hubo faltas en los “postulados de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad e imparcialidad que orientan la función pública”.
No obstante, se determinó que Lucas Gnecco Cechar, quien hoy tiene 78 años de edad y padece una enfermedad no especificada, cumplirá su condena bajo la modalidad de casa por cárcel, tal y como pasó con la pena de 42 meses que se le impuso en 2000.
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