Iván Cepeda y Temblores Ong denuncian internacionalmente violación de DD.HH en el paro nacional

Lo anunció hace una semana y lo cumplió. Este jueves el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante Naciones Unidas los crímenes de lesa humanidad que se han dado en las manifestaciones presuntamente cometidos por el Estado colombiano que iniciaron el pasado 28 de abril. Entre los señalados responsables están el presidente Iván Duque; el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro y el director de la Policía, Jorge Luis Vargas.

La misiva pide que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, “ya que el estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes, el Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales de los colombianos”, señalaron los denunciantes.

El documento enviado a la fiscalía de la CPI también está firmado por el secretario técnico de la Camapaña Defender la libertad: un asunto de todas, Carlos Montenegro; Alejandro Lanz y Alejandro Rodríguez, codirector y coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG; Alberto Yepes Palacio, coordinador de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Oscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y César Santoyo Santos, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB.

El informe cuenta de al menos 1.595 hechos ocurridos en varios departamentos del país, que demostrarían violaciones de DD.HH. De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas. Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular, aseguran.

También se señala a Cali como la ciudad donde se han presentado los hechos más graves, incluyendo el uso indiscriminado de armas de fuego que, presuntamente, han dejado muertos que se suman a las 40 denuncias que se han dado por homicidio desde que inició el paro. Aseguran que los altos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombiano. Por el contrario, están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas.

Por su parte, Cepeda pidió que se investigue al oficial porque no puede ser ascendido en medio de señalamientos contra la institución.

Entre algunos apartes del informe, se señala que, aunque las protestas iniciaron en rechazo a la reforma tributaria, ahora se reclama la profundización de la violencia, la pobreza y la desigualdad, lo que se ha visto entorpecido por la violación a los Derechos Humanos. Por ello, solicitan a la CPI que analice la información suministrada en relación con el Estatuto de Roma para que “determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación”. Igualmente, solicitan a la fiscal, Fatou Bom Bensouda que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos.

“Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales (…) nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa”, concluyen.

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