Human Rights Watch pide a EE.UU. que condicione los recursos que destina a la fuerza pública colombiana

Siguen apareciendo llamados para que el Gobierno nacional modere el accionar de la fuerza pública en contra de los manifestantes durante las jornadas de protestas que experimenta el país desde el pasado 28 de abril. El turno este jueves fue para Human Rights Watch, organización que pidió, no a Colombia, sino a Estados Unidos, ponerle mayores condiciones a la colaboración que le presta ese país a instituciones como la Policía Nacional.

“Nosotros estamos abogando porque se condicione la ayuda fuertemente, a requisitos básicos y muy concretos en materia de derechos humanos”, fueron las palabras exactas de José Manuel Vivanco, director ejecutivo de esa ONG para las Américas. Con ello, el experto se refiere a buscar la manera de que el país norteamericano comience a recortar la cantidad de recursos que le aporta a las necesidades de la fuerza pública colombiana, usados por esta para comprar, entre otras cosas, más armas.

Armas como el dispositivo conocido como Venom, que por estos días se ha convertido en el principal objeto de controversia en contra del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad. Se trata de un lanzador integrado a las tanquetas de ese cuerpo de policías, capaz de disparar unas costosas y sofisticadas ráfagas aturdidoras, muy parecidas a fuegos artificiales y que ha llegado a ser confundido por un arma de artillería pesada.

Se trata de un aparato completamente nuevo y que, de acuerdo con un derecho de petición interpuesto por la Comisión Sexta del Senado tiene un costo de 451′636.970 millones de pesos, equivalentes a 118,794 dólares. Por su parte, cada uno de los proyectiles de destellos de luz, que mantienen sorprendidos y un poco asustados a los ciudadanos, cuestan 71,17 dólares por unidad (269.931 pesos).

Eso sin contar otros implementos como lanzadores de gas lacrimógeno y pistolas no letales, que como demuestran varios videos, han sido usados para atacar directamente a los manifestantes, y no de forma indirecta como dictan los lineamientos que rigen al Esmad.

En ese sentido, hay que señalar que las palabras de Vivanco tienen la forma de encontrar apoyo en el Congreso de Estados Unidos. Después de todo, ya hay varios senadores de ese país que han manifestado su preocupación con respecto a lo que está sucediendo en Colombia, tanto en términos de vandalismo, como de exceso de uso de la fuerza por parte de las autoridades.

De estos, se destacan el demócrata Jim McGovern, quien durante una intervención para esa corporación admitió que, tiene “una postura muy dura con respecto al paro nacional que ha tenido lugar en Colombia durante las últimas dos semanas y la brutal, absolutamente brutal, respuesta de las fuerzas de seguridad”.

Lo acompañó, a través de una serie de mensajes publicados el 11 de mayo en Twitter, el senador Patrick Leahy, de ese mismo partido. En uno de sus mensajes más contundentes, el parlamentario señaló que “Estados Unidos ha invertido miles de millones para ayudar a Colombia a prosperar y establecer una base para el estado de derecho. Se ha logrado mucho, pero las protestas y la respuesta miope y violenta del gobierno muestran lo mucho que todavía le falta recorrer al país. El estado de derecho sigue siendo frágil”.

Prueba de ello es la cifra presentada por el propio Vivanco, quien al final de la tarde de ayer advirtió que la ONG que representa ha recibido denuncias creíbles sobre 48 muertes ocurridas en en el país desde que comenzaron las protestas. De estas, ya están confirmadas 15 (14 manifestantes y un policía) que tienen relación directa con las manifestaciones.

Sobre otras alternativas para darle manejo al abuso de la autoridad por parte de la Policía, Vivanco recordó la necesidad de conocer el informe final de la Comisión de Excelencia Militar, que debía publicarse a finales de 2019 con una profunda revisión a los protocolos de la fuerza pública, pero que hasta la fecha no ha visto la luz.

“Los protocolos no se están cumpliendo, requiere de una profunda revisión de la Policía, Colombia debe tomar la decisión de sacarla del Ministerio de Defensa y trasladarla al Ministerio del Interior, de Justicia, como otras democracias. No es posible que un general del Ejército, como el general Zapateiro, les haga una arenga a los policías y les diga que van muy bien y les diga que sigan actuando como lo están haciendo”, manifestó el experto durante una entrevista con Blu Radio.

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