Por medio de una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, el exsenador de la República Iván Moreno le notificó a dicha entidad que no volverá a asistir a los juicios que esta adelanta en su contra en el marco del llamado ‘Carrusel de la Contratación’, por el que se acusa de interés indebido en la celebración de contratos, peculado y concusión a varios funcionarios públicos colombianos, incluido su hermano, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno.
En la misiva, que va con copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Moreno Rojas sentencia que, “no voy a seguir legitimando con mi presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hice en el pasado. Por eso a partir de hoy no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, no ejerceré ningún recurso, ni alegaré de forma alguna”.
Lo anterior pues, de acuerdo con el exsenador, acusado en un nuevo proceso por haber recibido por lo menos 6.000 millones de pesos para favorecer la adjudicación de un contrato de ambulancias para el sistema de salud bogotano durante la administración de su hermano, el máximo tribunal de la justicia colombiana está desconociendo adrede una serie de pruebas que al parecer favorecen su defensa.
Con estas, se refiere por lo menos 100 testimonios, documentos e informes del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación, incluidos los No. 611969, No. 9-25394 y No. 1209; y hasta una carta rogatoria del Departamento de Justicia de Estado Unidos, redactada a su favor.
“Lamentablemente, la neurobiología de mis jueces, ha llevado a un desconocimiento de los mínimos derechos y garantías judiciales que tiene cualquier ciudadano, traducidos en condenas, investigaciones y juicios interminables, injustos e ilegales adelantados por la Corte Suprema, los cuales hoy desconozco por completo y no puedo respetar, porque han sido resultado de acciones y decisiones amañadas con presiones indebidas de toda naturaleza”, advierte Moreno, quien paga 14 años de cárcel desde 2014 por su papel en otras irregularidades del mencionado carrusel.
Las acusaciones en el tema del escándalo de las ambulancias, por las el pasado 8 de abril fue absuelto el exconsejal Omar Mejía Báez, se volcaron en contra de Moreno el pasado 15 de marzo, cuando la Sala de Instrucción de dicha corporación le formuló un nuevo cargo de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración del contrato 1229 de 2009, con el que la Secretaría de Salud de Bogotá contrató un servicio de atención prehospitalaria y traslado de pacientes en la ciudad por un valor cercano a los $67.000 millones.
Según la corte, habría sido el exsenador quien, aprovechando su influencia como miembro del Congreso de la República y hermano del entonces alcalde de la capital colombiana, logró que dicho contrato quedará, en 2009, en manos de Unión Transporte Ambulatorio Bogotá.
No obstante, en su carta Moreno asegura que quienes lo acusan de dichos hechos no son ni independientes, ni imparciales. “Desafortunadamente los jueces que conocieron, investigaron, y fueron nombrados por quienes me condenaron, prefirieron mantenerse en su función para violar mis garantías y derechos judiciales”.
De igual forma, el acusado señala que sin lugar a dudas será condenado por el caso de las ambulancias a pesar de que existen sospechas, mas no pruebas contundentes en su contra. “Fui investigado juzgado y condenado por magistrados vinculados al cartel de la toga y aún sus discípulos siguen juzgándome sin rubor alguno. Estoy cansado del permanente Bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años”, manifestó.
“Ahí les dejo mis procesos para que sigan haciendo con ellos lo que quieran, porque estoy seguro al final la justicia de Dios vencerá”, concluyó el excongresista, quien además de relacionar toda la situación con una guerra política en contra de la izquierda, decidió revocar todos los poderes a sus abogados en cualquier proceso que tenga, rechazar la asistencia de un defensor público y hasta renunciar a sus derechos para alegar, interponer recursos, pedir pruebas y, en general, defenderse judicialmente.
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