ONU anunció que ampliará el mandato de la Misión de Verificación en Colombia

Este 11 de mayo se conoció que el Consejo de Seguridad de la ONU, con 15 votos a favor, decidió aceptar la petición de Iván Duque de ampliar el mandato de la Misión de Verificación, que estará hasta el 21 de octubre de 2021.

Esta resolución extenderá el mandato de la Misión hasta el 31 de octubre, lo que es un periodo menor a lo habitual, para que no coincida con las elecciones presidenciales de mayo de 2022, dijeron los diplomáticos del organismo.

Con esta renovación prevé que siga la coordinación por parte de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, para que se imponga las sanciones de naturaleza restaurativa y reparativa.

La decisión fue celebrada por el Gobierno nacional, que clasificó este apoyo de la ONU como avance en la implementación del acuerdo de paz, así lo hizo saber el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila.

Se supo que el Consejo de Seguridad de la ONU dijo que, “acoge con beneplácito la propuesta del secretario General de que se informe sobre la verificación del cumplimiento de las sanciones que se mencionan en el párrafo 1 de la presente resolución en el marco del ciclo de presentación de informes de la Misión de Verificación y de que se mantenga plenamente informado al Consejo sobre los preparativos de la Misión de Verificación y los avances, determinaciones y resultados de la verificación”.

El jefe de la misión de verificación de la PNU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó en entrevista con CM& que celebraba la noticia, pero que hay un tema que sigue preocupando a la ONU y es la “seguridad de los excombatientes”. “Esperamos que se sigan tomando medidas para proteger a los que firmaron la paz y que de buena fe siguen apostándole al proceso”, sentenció el funcionario internacional.

Esta es la resolución de la ONU:

Sobre esto, el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, celebró la decisión unánime adoptada este 11 de mayo por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual dispone que la Misión de Verificación de la ONU apoyará el monitoreo del cumplimiento de las sanciones propias que imponga el Tribunal para la Paz.

Señaló el magistrado Cifuentes que la decisión del Consejo de Seguridad abre un capítulo nuevo a nivel mundial, ya que valida la conexión de la justicia transicional con la justicia portadora de un alto componente restaurativo, sobre la base de que se trate de sanciones efectivas que integran tanto elementos restaurativos como elementos retributivos.

De otro lado, destacó que, al vincularse la ONU a la verificación de este tipo de sanciones, una vez más reconoce la importancia medular del Acuerdo Final de Paz.

Las sanciones propias son las penas que se impondrán a quienes reconozcan su responsabilidad y aporten verdad detallada, plena y de manera temprana ante la Sala de Reconocimiento de Verdad. Estas constan de dos componentes: trabajos y obras con contenido reparador y restaurador (TOAR) en las comunidades afectadas por el conflicto armado y restricciones de derechos y libertades que ordene el Tribunal. Estas durarán hasta por ocho años y se impondrán a todos aquellos comparecientes exintegrantes de las FARC, de la fuerza pública, terceros civiles y otros agentes del Estado.

La resolución aprobada este martes por el Consejo de Seguridad señala que la Misión de la ONU contribuirá a verificar que las personas cumplan con las sanciones propias y que el Estado garantice las condiciones necesarias para materializarlas. Además, la Misión de Verificación realizará su labor con un enfoque estratégico e inclusivo.

Con esta decisión, el Consejo de Seguridad de la ONU y la sociedad internacional reafirman su compromiso con la satisfacción de los derechos de las víctimas a través de las instituciones de la transición colombiana. La participación de la misión en el monitoreo de este tipo de sanciones implica el más sólido respaldo internacional a la justicia restaurativa que imparte la JEP, dado que las sanciones propias comportan un redimensionamiento del paradigma de justicia predominante, pues da cabida a sanciones que no implican penas carcelarias, sino la restricción de derechos y libertades, siempre y cuando que las mismas sean idóneas para reparar a las víctimas y promueva la restauración del daño causado durante el conflicto.

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