Hace unos días se desató una polémica al conocerse que el cantante vallenato Rafa Pérez y su esposa Milagros Villamil fueron vacunados contra coronavirus en el momento en el que no les correspondía. Los hechos se dieron en la IPS Clínica Oriental de Soledad y su gerente, Eimy Liz Camargo Molina, denunció, ante el periódico El Heraldo, que ha estado recibiendo amenazas de muerte por lo sucedido.
“Este suceso de intimidación se constituye en una afrenta contra nuestra institución, que desde la llegada de la doctora Camargo ha fortalecido los procesos administrativos y asistenciales, y el talento humano ha encontrado reciprocidad para atender las sugerencias y peticiones en aras de mejorar ostensiblemente la prestación del servicio”, señaló el centro de salud en un comunicado otorgado a los medios de comunicación, y que resaltó El Heraldo en su nota.
De acuerdo con lo que reportó ese medio de comunicación, las amenazas en contra de la directiva han llegado a través de su teléfono celular, situación que hizo que la mujer alertara a las autoridades sobre el riesgo que estaría corriendo su bienestar y su vida. Según explicó el diario, las autoridades ya tienen el caso de Camargo Molina en su radar, y ya activaron protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la gerente.
Además de las circunstancias que rodean a la gerente, la Gobernación del Atlántico dio a conocer, el pasado 10 de mayo, que se suspende la habilitación de la clínica en la que se hizo la inmunización de los ciudadanos a destiempo, según la agenda programada del Plan Nacional de Vacunación. Es necesario resaltar que, luego de que se divulgara el polémico procedimiento, se supo que ese establecimiento se encontraba cerrado. Además, se conoció, según resaltaron medios de comunicación como El Tiempo, en aquel centro de atención, además de priorizar la vacunación del cantante y su esposa, se habría inoculado a 11 personas, en total, que tampoco harían parte de los primeros grupos poblacionales establecidos por el Gobierno para ser los primeros en recibir el medicamento.
Rafael Pérez y Milagros Villamil recibieron el medicamento fabricado por Pfizer en abril.
La clínica, ubicada en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, según lo estipulado, se mantiene cerrada. “Mediante acto administrativo expedido el 10 de mayo de 2021, la Secretaria de Salud procedió a revocar la habilitación obtenida por el prestador a través de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud (...) Toda la actuación administrativa será trasladada a la Fiscalía General de la Nación a efectos que investiguen si los presuntos hechos irregulares tienen connotación pena”, señala un comunicado de la Gobernación.
Ante la polémica, lo que dijo Camargo, quien hoy denuncia amenazas de muerte en su contra, fue que las dos personas, Rafa y Milagros, acudieron al centro médico y fueron acunados porque sus nombres aparecían inscritos en la lisa de personas que son considerados como prioridad “en la fase, etapa 2″, por lo que fueron inoculados. La clínica, explicó ella, no hizo nada fuera de la ley. “Nosotros no incurrimos en ninguna ilegalidad. La IPS simplemente cumple con el proceso técnico de la aplicación del biológico, previa verificación en el aplicativo de Mi vacuna y previo consentimiento de la Secretaría de Salud del departamento del Atlántico”, resaltó.
Sin embargo, el periódico El Heraldo, tras una investigación con personal del hospital, reportó que, supuestamente, la IPS había hecho pasar a las dos personas como personal médico. De acuerdo con la nota del diario, la pareja, quienes son consideradas como personas públicas, le “ofrecen servicios de publicidad a la IPS, pero ningún trabajo que tenga que ver con la atención de pacientes o prestación del servicio de salud”.
Ante la información divulgada por ese medio barranquillero, la gerente explicó que “la IPS que realiza la postulación de estas personas como funcionarios suyos se llama Clínica Oriental (ubicada en Soledad), ellos se encargaron de su postulación (...) Nuestra institución no hizo ese proceso, nuestra responsabilidad legal se atiene solamente a las personas que se encuentran vinculadas en nuestra institución por prestación de servicio o bien sea en la nómina”.
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