Este lunes 10 de mayo, continuó la audiencia en la Corte Suprema de Justicia contra Gustavo Malo Fernández, exmagistrado de ese alto tribunal y quien es acusado por su presunta participación en el entramado de corrupción del ‘cartel de la toga’.
Durante la audiencia, la Procuraduría solicitó a la Corte Siprema que condene a Malo, pues indicó que hay pruebas suficientes de que esa organización sí existía y que se prestaba para arreglar procesos a aforados, siempre y cuando pagaran millonarias sumas de dinero.
“Se pasó del alma de la toga al cartel de la toga”, sostuvo en la audiencia el procurador delegado cuando pidió la condena contra Malo, quien deberá responder por concierto para delinquir, cohecho y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.
Se probó que Malo Fernández perteneció a una organización criminal cuyo propósito era beneficiar intereses de quienes estaban siendo procesados en su despacho a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
De acuerdo con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, “existen serios indicios que permiten concluir la participación de Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer a aforados”.
Según El Tiempo, Malo habría intervenido en los casos del exsenador Musa Besaile y el exsenador Álvaro Ashton. Debido a esto, la Procuraduría acreditó lo dicho por el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado auxiliar de ese alto tribunal Camilo Ruiz, que vinculan a Malo con estos hechos de corrupción.
Los hechos delictivos no son aislados. Esa afirmación tiene soporte en los testimonios rendidos por Álvaro Ashton, Musa Besaile y Camilo Ruiz. Los dos primeros de manera explícita dijeron que realizaron negociaciones con Luis Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte con el propósito de beneficiar sus intereses en los procesos que cursaban en su contra en el despacho que presidía el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández.
Camilo Ruiz sostuvo que Luis Gustavo Moreno se presentó en un cumpleaños de Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema, para decirle que “tenían sus jefes, Ricaurte y Gustavo Malo, en favorecer intereses de Argenis Velásquez y Nilton Córdoba (congresistas)”, testimonio que corroboró la Procuraduría.
Sobre esto, el delegado de la procuraduría, José Fernando Ortega, sostuvo que Malo Fernández ayudó a la salida de su exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, cuando empezó a volverse un personaje incomodo para continuar con la misión criminal del ‘cartel de la toga’.
El actuar del encartado solo puede entenderse en los intereses de la organización criminal tal y como lo resaltó Camilo Ruiz, cuando manifestó que en los procesos de Argenis Velásquez y Nilton Córdoba se aceptaban todas las solicitudes de aplazamiento de diligencias que formulaba Luis Gustavo Moreno. Valga decir que si bien esos asuntos no fueron objeto de la acusación formulada por el Congreso, sirven en el presente asuntos como indicio que evidencian la participación del encartado con la estructura criminal.
Agregó además: “la conducta del doctor Gustavo Malo Fernández se corresponde y se ubica con lo normado en el artículo 340 del Código Penal pues se concertó con otras personas para la comisión de delitos indeterminados, en este caso, los necesarios para satisfacer los intereses de los clientes de la empresa ilegal”.
Según el Ministerio Público, Malo actuó “de manera consciente y voluntaria al momento de concertarse con los demás integrantes” del ‘cartel de la toga’ y que sus actuaciones fueron “abiertamente ilegales”.
La conducta de cohecho propio no se cometió de forma directa por parte del doctor Malo Fernández. Debido a su posición, el magistrado se valió tanto de Francisco Ricaurte como de Gustavo Moreno para recibir dineros con el propósito de retardar u omitir actos propios de la investidura que ostentaba, más precisamente abrir investigación formal en contra de los congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile pese a que insistía méritos para ello.
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