“Ni los saqueos, ni las piedras justifican utilizar armas letales”: Baltasar Garzón al presidente de Colombia

Las protestas con motivo del paro nacional en Colombia, y la oleada de violencia que ha provocado las intervenciones de la Fuerza Pública y los choques con los manifestantes, en la que se estima que han muerto más de 30 personas y heridas otras 800, sigue generando reacciones en el ámbito internacional a las que ahora se suma el jurista español Baltasar Garzón, célebre por procesar al dictador Augusto Pinochet, brindar una asesoría especial al Tribunal Internacional de La Haya, además de ser en la actualidad el abogado de Alex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

Garzón, al que se le apodó como el ‘superjuez español’ a finales de la década de 1990 e inicios de la primera del 2000, le advirtió al presidente de Colombia, Iván Duque, que no hay absolución para los mandatarios que han permitido los excesos de la fuerza pública para controlar protestas.

“Señor Duque, la comunidad internacional está atenta y vigilante. Hoy es usted el principal responsable del rumbo del país. Escuche a su pueblo y adopte las medidas que estén a su alcance para atender sus legítimas demandas, pero, sobre todo, no lo ataque ni permita que otros lo hagan. Usted sabe tan bien como yo que no hay absolución posible para quienes permiten el enfrentamiento de piedras contra fusiles”, concluyó una carta que se hizo pública a través del diario digital Nodal.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los escuderos del congresista y líder de izquierda Gustavo Petro, fue quien hizo eco de esta misiva en Colombia, en la que el jurista español anunció también que prepara una denuncia contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que habrían cometido las fuerzas del orden del país austral bajo su mando.

“No cometa el mismo error de Piñera de declararle la guerra a su pueblo. No cometa el mismo disparate de respaldar a los mandos policiales que violan derechos humanos, no cometa la torpeza de no adoptar las medidas urgentes y necesarias para frenar sin dilación la brutalidad policial”, indicó en la misiva.

Le insistió al presidente colombiano en que buscara el diálogo y llegara a acuerdos con los manifestantes, en vez de utilizar a la Fuerza Pública para intervenir en las protestas.

“Revalorice la vida, son sus compatriotas, es la juventud de Colombia la que sin justificación alguna está siendo asesinada y maltratada. Nada, créame, nada, ni los saqueos, ni las piedras ni las barricadas justifica utilizar armas letales y disparar a matar”, agregó.

Aunque el jurista reconoció que Duque está buscando espacios para escuchar a los ciudadanos y sus demandas: “Ha ofrecido diálogo, me parece bien, pero le pregunto por qué demora y deja para el final el diálogo con los que se manifiestan legítimamente, con los que piden a gritos ser escuchados porque lo están pasando mal, porque tienen hambre, porque han perdido la esperanza”.

Le recordó a Duque que de sus decisiones dependía mantener los logros del proceso de paz: “Usted como presidente en ejercicio sabrá como nadie lo mucho que ha costado construir la paz en Colombia. El mantenimiento de la paz en estos momentos depende en buena medida de las decisiones que usted adopte hoy. No le dé pretextos a quienes quieren el regreso de la violencia, así sea que vivan en el monte o que vistan de traje e instiguen desde la comodidad de su escaño el odio fratricida”.

Criticó al expresidente Álvaro Uribe y también a Iván Márquez y a Jesús Santrich quienes desertaron del proceso de paz y conformaron el nuevo grupo armado ilegal Segunda Marquetalia: “No caiga en la trampa de ceder a esas provocaciones, porque el responsable será usted, no el señor Uribe. Tampoco caiga en la cobarde estrategia de violencia y odio que promueven los criminales de lesa humanidad Iván Márquez, Santrich y sus secuaces que alimentados por el dinero envenenado del narcotráfico quieren hoy hacernos regresar a tiempos pasados”.

También le solicitó a los que protestan en las calles que tampoco caigan en la violencia: “A los que se manifiestan y sobre todo a la juventud de Colombia les digo, tenéis el derecho a disentir, a protestar, a pedir una respuesta y buscar un cambio, pero no os dejéis provocar por la violencia. Mientras más masiva y pacífica sea vuestra protesta más legitimidad tendrá. No les deis motivos a los que desde hace tiempo ya han desahuciado la paz”.

Incluso le dirigió uno de los apartes de la misiva a los indígenas colombianos que participan en el paro nacional: “A mis queridas amigas y amigos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) les pido que compartan con el resto del país vuestra sabiduría ancestral, para orientar a un país que parece haber perdido el rumbo”.

Si bien el jurista ha sido reconocido en el mundo por su defensa de los derechos humanos, su carrera en el ámbito judicial también se ha visto envuelta en polémicas.

En 2012 fue inhabilitado por 11 años en España por haber interceptado ilegalmente conversaciones entre unos abogados y sus defendidos, en el llamado Caso Gürtel donde se investigó por corrupción a algunos miembros del Partido Popular de ese país.

En Colombia fue asesor externo de Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA en el proceso de desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y posteriormente brindó asesoría en justicia transicional y derechos humanos a la Fiscalía con miras al proceso de paz con la extinta guerrilla de las Farc, en el mismo año de su destitución en España.

En esa época en el Canal Capital de Bogotá le contrataron para que llevara a cabo un programa de entrevistas, sin embargo, la Contraloría Distrital encontró irregularidades en el mismo, ya que no contaba con permiso de trabajo en el país cuando lo firmó.

En la actualidad es el abogado de Alex Saab, colombiano que es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, además de ocultar dinero y oro que habría robado el régimen en Venezuela. Saab se encuentra encarcelado en Cabo Verde, donde fue pedido en extradición por Estados Unidos.