Congresista denuncia que defensor del Pueblo estaría pagando favores políticos con puestos en la entidad

La Ley 24 DE 1992 es precisa en señalar que al defensor del Pueblo en Colombia lo elige por votación mayoritaria la Cámara de Representantes en una terna elaborada por el presidente de la República y para un período de cuatro años. En agosto de 2020, Carlos Camargo, fue uno de los tres ternados por Iván Duque para el periodo 2020-2024 y recibió el apoyo de los congresistas que lo votaron para ser el reemplazo de Carlos Negret.

Entres los partidos que respaldaron a Camargo están el Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa Libres y Mira. Pues en medio de un situación como la que atraviesa el país en la última semana por cuenta de las masivas protestas que han dejado delicadas denuncias de violación a los derechos humanos y que precisamente requiere de un trabajo arduo de la Defensoría del Pueblo, hay dudas sobre si el defensor está ejerciendo el cargo con autonomía.

Entre esos crítico está el representante a la Cámara de la oposición, David Racero, quien en las últimas horas denunció que Camargo estaría pagando favores políticos a través de darle cargos en la entidad a personas cercanas al uribismo y otros movimientos políticos que como se mencionó lo respaldaron con su voto para obtener el cargo.

“Mantener la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo debe ser exigida al defensor Carlos Camargo, quien lejos de concentrarse en hacer su labor (defender los DDHH de la ciudadanía) se ha dedicado a pagar con puestos su elección a los congresistas que lo eligieron”, escribió Racero.

El primer perfil que expuso el político Jaime Ricardo Marthey quien fue nombrado el 22 de abril de 2021 como defensor Regional de Norte de Santander y que según expone Racero “ha construído una carrera política al lado del representante Carlos Chacón, quien apoyó la elección de Camargo como defensor”. Además de que no tiene en su hoja de vida alguna experiencia laboral o estudios sobre derechos humanos.

“Nombró como Profesional Especializado (utilizando la figura de la provisionalidad, tal y como lo han hecho en la Cancillería) a Brayan Sakr, quien no tiene experiencia en DDHH, pero ha hecho parte del uribismo en Cereté (Córdoba), gracias a su cercanía con la senadora Ruby Chagüí (Centro Democrático)”, expuso el representante Racero sobre otro funcionario que llegó a la entidad.

Camargo también nombró en provisionalidad en la Defensoría Regional de Córdoba, a Jhon Jader Castrillón, exconcejal de Montelíbano y quien hace parte del uribismo y también cercano a la senadora Chagüi, como miembro del grupo político del alcalde de ese municipio, José David Cura.

Bajo el mecanismo de provisionalidad también nombró como profesional especializado en la Regional Bajo Cauca, a Ivonne Arabia, hija del exalcalde de Caucasia José Nadín Arabia Abissad, “a quien ‘Cuco Vanoy’ mencionó su cercanía al Bloque Mineros, en sus declaraciones ante el tribunal de Justicia y Paz”, señaló Racero.

Del partido Liberal nombró como defensor Delegado para derechos Económicos, Sociales y Culturales al excongresista del Andrés Felipe Villamizar, quien al parecer no tiene experiencia en el tema.

Precisamente sobre el trabajo que debe cumplir la Defensoría del Pueblo, este sábado dio a conocer un balance sobre las manifestaciones que se han registrado durante la última semana en Colombia. De acuerdo con la entidad, desde el pasado 28 de abril, hasta el 7 de mayo, ya han registrado 548 personas que han sido reportadas como desaparecidas, mientras que otros 26 ciudadanos han fallecido, de los que 25 son civiles, y 1 es un miembro de la fuerza pública.

El informe también da cuenta de que hasta el 7 de mayo ya eran 364 ciudadanos y 41 miembros de la fuerza quienes han resultado heridos durante las jornadas de manifestaciones en todo el país.

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