Funcionarios de la Defensoría del Pueblo se manifiestan en contra del jefe de la entidad y piden no ser estigmatizados

El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Sindhep, expresó su preocupación por los ataques que están sufriendo sus integrantes a causa de la muy cuestionada gestión de esa institución a lo largo del paro nacional que se ha extendido desde el pasado 28 de abril hasta este 7 de mayo. Según le contó William Salazar, presidente de dicha organización, a W Radio, “muchos compañeros han resultado agredidos”.

Por medio de un comunicado, el sindicato señaló que si bien reconoce la legitimidad absoluta de las manifestaciones e incluso se suma a las voces que protestan en contra de la reforma tributaria y de un “un gobierno inepto y una clase política tradicional que ha incrementado la pobreza, la desigualdad y la injusticia social”, también es necesario admitir que los defensores de derechos humanos adscritos a la Defensoría se han convertido en el blanco de ataques tanto por parte de la fuerza pública, como de algunos manifestantes.

Esto, dicen, se puede relacionar por un lado a su labor denunciando abusos de autoridad por parte de Policía y Ejército; y a la polémica protagonizada durante esta semana por el jefe de esa entidad. El acompañamiento que busca brindar garantías a los derechos de toda la población dicen, “se ha visto desdibujado por quien hoy la preside, Carlos Ernesto Camargo Assis, representante de los intereses del gobierno actual y sus políticas. Dicha condición le impide ejercer labor de garante para el ejercicio pleno de la democracia, la dignidad humana y los derechos humanos”.

Valga recordar que, Camargo fue cuestionado a principios de esta semana por mantenerse visiblemente ausente durante las primeras jornadas de protestas. La situación se agravó desde que se conocieran rumores de que el funcionario aparentemente pasó el fin de semana pasado en una finca de descanso en Anapoima, mientras la violencia en contra de los manifestantes se intensificaba en las principales ciudades del país, comenzando por Cali.

Las dudas crecieron todavía más cuando el defensor del Pueblo pasó a ofrecer una entrevista en W Radio, donde se le cuestionó por las denuncias de que vehículos oficiales de la Defensoría del Pueblo pasaron por el peaje de San Pedro que conduce a Anapoima. Tras momentos de silencio y titubeo, Camargo ofreció una respuesta que generó toda clase de reacciones negativas: “Estaba monitoreando, desde cualquier lugar de Colombia”.

Por ello, desde el Sindhep sentenciaron que ,“consideramos que la independencia de quien hoy ostenta el cargo del Defensor Nacional del Pueblo está comprometida y que sus actuaciones (¿omisiones?) son, cuando no contrarias a su mandato, inmensamente lesivas para la legitimidad institucional, por lo que debería apartarse de tal cargo. Sus apariciones en medios y sus decisiones al interior de la Defensoría del Pueblo, provocan cada día más un detrimento de la confianza ciudadana en la institución”.

Eso se ha visto reflejado en reacciones en contra de los funcionarios de esa institución. Según le contó Martha Prado, integrante del sindicato, a la mencionada emisora, “no nos ven como defensores de Derechos Humanos, nos convertimos en objetivos de la protesta”. De igual forma, manifestó que “encontramos situaciones como el sábado, en Facatativá, donde había bloqueo, en el proceso de mediación el personero fue agredido por uno de los manifestantes. Pudimos manejar la situación, pero la ciudadanía nos grita que somos ‘ofensores de Derechos Humanos’”.

A su voz se sumó la de David Vargas, quien también hace parte del mismo sindicato, y señaló que, “en este momento lo que hemos visto son denuncias por parte de compañeros que han recibido agresiones. Queremos alertar de esta situación. Sentimos un afán como servidores públicos”.

En ese sentido, agregó el comunicado, “invitamos a las personas, organizaciones que hacen parte de las movilizaciones en el marco del Paro Nacional y a toda la ciudadanía justamente indignada, a diferenciar categóricamente el desprestigio al que hoy está siendo sometida la Defensoría del Pueblo en cabeza del actual Defensor del Pueblo y sus directivas, del actuar de las y los trabajadores que velan por la defensa de los derechos humanos, en contra de los abusos de la Fuerza Pública y en pro de las garantías constitucionales a la protesta”.

De igual forma, el sindicato presentó una serie de propuestas para asegurar tanto la independencia de la entidad como el trabajo de los defensores de derechos humanos:

● La conformación de una mesa imparcial y autónoma que dé cuenta de lo sucedido en el marco de la protesta social, en la cual convergen las organizaciones que han hecho acompañamiento directo a los manifestantes, y que permita realizar un informe de lo sucedido, analizando incluso el papel de la Defensoría del Pueblo y del Defensor del Pueblo.

● Instamos a que se solicite al Defensor Nacional hacer públicos los informes entregados en el marco de la orden judicial de interés nacional contenida en la Sentencia STC7641- 2020.

● Se soliciten las aclaraciones pertinentes tanto al señor Camargo Assis como al personal del Ejército, para que se tenga claridad de los hechos denunciados en La W Radio: aún no sabemos, como trabajadores ni como ciudadanía, si existe o existió esta controversial alianza entre el Ejército y la Defensoría del Pueblo, a pesar de que fuimos testigos de las presentaciones de los tres integrantes del Ejército en compañía y reuniones convocadas por directivos de la entidad, y que en tanto Institución Nacional de Derechos Humanos, estos convenios violarían indistintamente los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y al DIH ratificados por el Estado colombiano.

● Solicitamos que se impongan sanciones ejemplares al Gobierno Colombiano y a los funcionarios responsables de ordenar la represión brutal, ya sea por países individuales o en escenarios multilaterales. Igualmente, sobre las empresas privadas que se benefician de la violencia y la represión estatal.

● Finalmente, pedimos a la Corte Penal Internacional que adelante las acciones necesarias para investigar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos no sólo en 2021, sino también en 2020 y 2019, pues lo acontecido es producto de una estrategia sistemática de violencia sociopolítica desplegada por un aparato organizado de poder.

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