“Vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la Oficina”, anotó el Gobierno en una carta enviada a la ONU

Las agresiones en medio de las manifestaciones del paro nacional, que desde el 28 de abril se están llevando acabo en Colombia, escalaron a la Organización de Naciones Unidas, que condenó el “uso excesivo de la fuerza” a través de una portavoz del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, luego que vieran algunos videos de la que sucedió en la noche del 3 y 4 de mayo en la ciudad de Cali y que se dieran a conocer la cifra de muertos, heridos y desaparecidos en el marco del Paro.

“Las fuerzas de seguridad utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos”, señaló Marta Hurtado, portavoz de la oficina dirigida por Michelle Bachelet, sobre la situación en el país.

Ante la pronunciación que hizo la oficina del Alto comisionado de los Derechos Humanos de ONU, tanto el Centro Democrático como el Gobierno han rechazado las acusaciones y han mencionado que hay impresiones en la información.

Por lo que el día de ayer la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, le envió una carta a la alta comisionada, Michelle Bachelet, donde cuestionó las notas de prensa y los videos publicados por su oficina, además, lamentando que de acuerdo con el Gobierno, la oficina no se haya dado el tiempo de verificar la información.

“El Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la alta comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene”, comienza la misiva.

En el documento, la funcionaría estatal señaló que el Gobierno colombiano siente que el proceder de la ONU y sus acusaciones hacen que la confianza entre las partes se vea afectada.

“Se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la oficina en Colombia”, se lee.

Mejía, explicó lo sucedido en la ciudad de Cali y señaló que lo sucedido en la ciudad se da debido a que las protestas han sido permeadas por actos criminales y vandálicos.

“En el caso particular de la ciudad de Cali, debe mencionarse que las protestas han sido particularmente permeadas por actos criminales y vandálicos, afectando la propiedad privada, el transporte público y el abastecimiento de la ciudad, situación que amenaza de manera grave la seguridad alimentaria de su población, el suministro de medicamentos y la libre movilidad”.

Además, expuso los hechos que han sucedido durante los días de movilizaciones. en el país. Mencionan que ha sucedido una serie de hechos premeditados, que dejan personas heridas y fallecidas.

”Ahora bien, es del caso poner de presente que, de acuerdo con información publicada el 3 de mayo por el Ministerio de Defensa Nacional, estos actos premeditados de violencia han culminado con 540 policías lesionados y uno fallecido, y al menos 191 civiles fallecidos y 306 heridos. En el marco de estas acciones cuidadosamente planificadas, 20 buses de transporte público han sido incinerados, 59 establecimientos comerciales ha sido saqueados, 21 Centros de Atención Inmediata de la Policía han sido destruidos y 43 de ellos han sido vandalizados”.

Además, aclaró que el Gobierno colombiano siempre ha tenido la disposición de acatar las denuncias y quejas de las que se tenga conocimiento.

“Las observaciones y preocupaciones de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido siempre atendidas por las autoridades nacionales con la mayor seriedad y rigurosidad”.

Finalmente aclaró que las debidas autoridades se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes.

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