Piden abrir incidente de desacato contra Iván Duque por incumplimiento al derecho a la protesta en Colombia

Este 6 de mayo, organizaciones de derechos humanos y apoderados de los accionantes de la tutela que condujo a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 22 de septiembre de 2020 que protegió el derecho a la protesta en Colombia, pidieron al alto tribunal que declare un incumplimiento sistemático, masivo y flagrante de lo ordenado en el fallo.

Para este grupo de organizaciones, las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril evidencian que sigue existiendo y se ha hecho más grave la intervención sistemática, arbitraria y violenta de los miembros de la fuerza pública en manifestaciones públicas.

“Observamos con profunda preocupación que continúa la estigmatización frente a quienes, sin violencia, salen a las calles a cuestionar, refutar y criticar las políticas gubernamentales; continúa también el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de armas letales y el uso inadecuado de armas potencialmente letales en medio de las protestas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los tratos inhumanos, crueles y degradantes, el irrespeto a los derechos a la vida y la integridad personal y los ataques contra la libertad de expresión y de prensa”, señalaron.

Estos son algunos de los puntos que le piden a la Corte Suprema:

1. Que la Sala Civil de la Corte inicie el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato por el incumplimiento de las ordenes de la sentencia STC7641 de 2020.

2. Declarar en desacato al presidente de la República, al ministro de Defensa, al director General de la Policía Nacional, al defensor del Pueblo, a la procuradora General de la Nación, al fiscal General de la Nación por el incumplimiento de las órdenes segunda y quinta de la sentencia STC7641 de 2020.

3. Prevenir al Presidente de la República, al ministro de Defensa, al director general de la Policía Nacional y a todas las autoridades de Policía del país para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para interponer el incidente de desacato y en las acciones que se identifican en la sentencia STC7641 de 2020.

4. Ordenar al Presidente de la República suspender las medidas de asistencia militar.

5. Ordenar a todas las autoridades de policía, en específico a los comandantes operativos de la Policía Nacional en las manifestaciones públicas, abstenerse de disolver por la fuerza las mismas, hasta tanto se evidencie que están en capacidad de hacer un uso moderado y proporcional de la fuerza. Para ello, tendrán la obligación de aplicar estrictamente el principio de diferenciación, así como dar cumplimiento a una política criminal garante del derecho a la manifestación pública.

6. Ordenar a todas las autoridades de Policía, en específico a los comandantes operativos de la Policía Nacional en manifestaciones públicas, suspender el uso de armas de fuego para dar respuesta a las manifestaciones.

7. Suspender la actuación del ESMAD hasta tanto se evidencie que está en capacidad de hacer un uso moderado de la fuerza y de garantizar y respetar los derechos y las libertades de las personas que intervengan o no en protestas.

8. Solicitar al director general de la Policía Nacional las órdenes de servicio respectivas bajo las cuales se estableció la presencia de uniformados en las manifestaciones públicas desde el 28 de abril del 2021 a la fecha. Asimismo, allegar todos los anexos tácticos, operacionales y de inteligencia que justifican las respectivas órdenes.

9. Solicitar al comandante general de las Fuerzas Militares las órdenes de operaciones bajo las cuales se ha ordenado y configurado los términos de la asistencia militar que el Presidente de la República ordenó el pasado 1 de mayo del 2021.

10. Solicitar pruebas a todas las instituciones públicas nacionales y organizaciones no gubernamentales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas desde el 28 de abril a la fecha.

Los firmantes de esta solicitud son: El Veinte, Humanidad Vigente, Corporación Colectivo de Abogados - CCAJAR, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP, Comisión Colombiana de Juristas - CCJ, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad - Dejusticia, Fundación para la Libertad de Prensa - FLIP, dhColombia y Profes al paro.

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