Organizaciones piden anular fallo contra Comunidad de Paz de Apartadó

Alrededor de 40 organizaciones, nacionales e internacionales, pidieron proteger la labor de la Comunidad de Paz de Apartadó (Antioquia), que están en riesgo por un fallo de tutela emitido en 2020. Ahora la Corte Constitucional está revaluando la decisión, y por eso las entidades, este 5 de mayo, pidieron que se anule para que así a los sancionados se les garantice el derecho a la libre expresión, norma que se les estaría violentando.

“De no anular esa sentencia, se limitaría el ejercicio de la libre expresión frente a violaciones de Derechos Humanos. Así mismo, dejaría al libre albedrío las actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas, que sin vigilancia y con la protección de su derecho a la reputación, silenciaría el derecho que tiene la comunidad de expresarse en futuras violaciones de Derechos Humanos”, sostiene Colombia Human Rights Committee en Washington.

Este caso inició hace unos años, cuando en 2018 la Comunidad de Paz de Apartadó señaló a la Décimo Séptima Brigada del Ejército Nacional de “actuar en complicidad con organizaciones al margen de la ley”, puntualmente con los paramilitares. Ante la acusación, el coronel Carlos Alberto Padilla, comandante de la mencionada brigada decidió entutelar a la comunidad.

Al momento del juicio, la justicia le dio la razón al coronel en primera y segunda instancia. Incluso, en la corte en la que se emitió la sentencia en 2020 se concluyó que, ya que la Comunidad de Paz había violentado los derechos al buen nombre y honra de la brigada, esta debía retractarse.

“Se reprocha que la demandada, al amparo de la manifestación de estar haciendo una denuncia pública, presente de manera asertiva y reiterada hechos, que sin individualizar ni precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar, transmiten la idea de que se encuentra plenamente establecida la complicidad y aquiescencia de la accionante con estructuras paramilitares”, se lee en la sentencia.

Las instituciones que defienden que la corte debe retractarse de esta sentencia aseguran que se está callando la voz de una organización tan importante como la Comunidad de Paz de Apartadó. También se argumenta la importancia de este ente, que se creó hace más de 20 años y desde ese entonces defiende los derechos de los campesinos que quedaron en medio de la violencia protagonizada por paramilitares y las guerrillas desde 1997.

“La comunidad de Paz de San José de Apartadó es un referente de defensa de derechos humanos en Colombia. La denuncia de las violaciones a los derechos humanos, por no colaborar con ningún actor armado, ha supuesto el asesinato de más de 300 personas de la comunidad, además de amenazas, falsos positivos, intento de asesinato torturas. La libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática y si entra en conflicto con el derecho el buen nombre de funcionarios públicos, se conocen o la jurisprudencia internacional que la primera prevalece”, aseguró la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), con sede en Ginebra (Suiza), a través de varios comunicados.

Esta organización también explicó que solicitar a la comunidad que se abstenga de publicar denuncias contra funcionarios públicos sin que los hechos hayan sido previamente probados en sede judicial, es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

Cabe mencionar que otras de las organizaciones, aparte de la Red Internacional de Derechos Humanos y Colombia Human Rights Committee, que también abogan ante la Corte por la Comunidad de Paz de Apartadó son: Escuela de Derecho de la Universidad Queen Mary, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universidad de Valencia y David Kaye, relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

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