“El acceso a Internet es fundamental para la garantía de derechos durante el paro nacional”: Índice de Derechos Digitales

“Las organizaciones integrantes del Índice Derechos Digitales observamos con preocupación la creciente cantidad de denuncias sobre posibles obstrucciones al libre flujo de información en Internet en el marco del paro nacional. Esto incluye. limitaciones en la señal de Internet y afectaciones a la infraestructura física de algunos operadores”.

Con este mensaje empieza el comunicado del índice, una iniciativa que reúne a un grupo de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en el ejercicio de los derechos humanos en internet en Colombia. La Fundación Karisma, Fundación para la Libertad de Prensa, Linterna Verde, Dejusticia, Emmanuel Vargas y José Luis Peñarredonda integran esta plataforma.

Los miembros de esta iniciativa manifestaron este jueves su preocupación sobre los recientes problemas que se han presentado es la conectividad de las ciudades y el acceso a internet de los manifestantes durante el paro nacional.

De acuerdo con el texto la única información disponible para aclarar estos hechos es la siguiente: “en el caso de Cali, Movistar se refiere al vandalismo sobre sus redes y que no ha podido hacer reparaciones; EMCALI asegura que no hay problemas en sus redes; y tanto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como la Comisión de Regulación de Comunicaciones, reflejan lo dicho sobre la existencia de un daño como consecuencia de un acto vandálico”.

Los integrantes consideran que estos datos no son contundentes. “No obstante, dado el impacto que tienen estos hechos en el ejercicio de los derechos humanos, en particular las libertades de expresión, asociación y reunión, y acceso a la información, manifestamos lo siguiente: Internet es un espacio que potencializa esos y otros derechos. Cualquier acción del Estado que limite el uso de Internet tiene la capacidad de afectar gravemente los derechos de la ciudadanía y en especial el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión”, dijeron.

Así mismo, expresaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Constitucional han dicho que las protecciones a los derechos humanos son las mismas en Internet que por fuera de él.

Por otro lado, el Índice de Derechos Digitales sentenció que el Estado tiene el deber de no interferir con el ejercicio de esos derechos en Internet más allá de lo que permiten la Constitución y la ley. “En este sentido, cualquier interferencia del Estado debe estar fijada en una ley, perseguir un fin legítimo como la protección de los derechos de otras personas o la preservación del orden público, ser necesaria y proporcional para lograr ese fin”.

Otro de los asuntos que manifiestan tiene que ver sobre las acciones de “apagar” o “interrumpir” el Internet para impedir que las personas se expresen por medio de las redes sociales. Sobre esto advierten que eso es “una forma de censura previa prohibida por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

De acuerdo con los relatores especiales de libertad de expresión una acción de este tipo “no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a las medidas de reducción de la velocidad de navegación de Internet o de partes de este”.

El índice reitera que el Estado debe garantizar el ejercicio de tales derechos y esto implica mantener la transparencia sobre las razones y las causas por las que se presentan limitaciones al acceso de Internet en momentos particulares.

Sobre los rumores de decretarse un estado de excepción, los miembros de la plataforma resaltaron que, “esta es la medida más extrema dentro del ordenamiento colombiano y su aplicación debe darse con extremo cuidado. En todo caso, la Constitución y el derecho internacional establecen que este tipo de medidas no implican la suspensión de derechos fundamentales. En este sentido, en la eventualidad de un estado de excepción, el Estado seguiría en su deber de cumplir con las reglas de derecho constitucional e internacional que hemos mencionado”, dijeron.

Finalmente, el Índice de Derechos Digitales exigió al Gobierno nacional, específicamente al presidente Iván Duque y al Ministerio de Defensa, que, “dada la presencia de la fuerza pública en el marco de las protestas en diversas partes del país, esclarecer el origen de las interferencias en el libre flujo de Internet y, en caso de que estas tengan origen estatal, que expongan el fundamento legal para ello”.

Adicionalmente, exigieron que demuestren qué acciones o protocolos han encaminado para evitar tal tipo de interferencias y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones le pidieron que “presente información detallada de monitoreo de la infraestructura y, de ser el caso, de forma independiente indique las posibles causas de los cortes e interferencias que identifique”.

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