Este miércoles, 5 de mayo, la Fiscalía General de la Nación le imputó dos delitos al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, por celebrar un contrato en dólares entre el departamento y el banco Corpbanca sin tener en cuenta un alza en la divisa que aumentara la deuda.
El contrato, por 77 millones de dólares, tiene fecha del 5 de diciembre de 2013 y se suscribió con el fin de sustituir deudas que el departamento de Antioquia sostenía con otras entidades financieras. Frente al contrato, las pesquisas del ente acusador encuentran irregularidades en la decisión de realizar el préstamo mediante moneda extranjera, en la falta de estudios que determinaran que el dólar es una moneda volátil y la falta de seguro por riesgo cambiario.
“Los estudios previos fueron deficientes (...) tampoco contienen el análisis sobre los riesgos previsibles a los que estaba expuesta la operación”, señaló la fiscal durante la diligencia.
Por medio de una citación del Tribunal Superior de Bogotá, se imputó a el excandidato presidencial por presunto peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Todo esto, justificado en un detrimento fiscal, por devaluación de la moneda local, de 320.000 millones de pesos. “En 2013, el dólar costaba 1.926 pesos y en 2015, su valor superaba los 3.140 pesos”, explicó la fiscal durante la diligencia.
El ahora precandidato por la llamada ‘Coalición de la Esperanza’ negó los cargos imputados por la fiscal octava delegada ante la Corte Suprema. “Jamás he cometido delito alguno, ni en mi vida privada ni en toda mi trayectoria como servidos público, espero que la Fiscalía me permita demostrar mi inocencia sin demora ante la Corte Suprema de Justicia”, expresó el matemático, en una audiencia virtual desde su apartamento en Bogotá
Ahora, el precandidato presidencial para las elecciones de 2022 tendrá que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia para defender su inocencia frente al caso.
Se negó comité técnico-jurídico
Pese a las críticas de prácticamente todos los sectores de la sociedad, la Fiscalía General de la Nación confirmó, este viernes 30 de abril, que el proceso en contra del excandidato presidencial Fajardo sigue en firme y se adelantará tal y como ordena la ley. En el mismo anuncio, el ente acusador le negó a la defensa del antioqueño la petición de crear un comité técnico-jurídico que se encargue de revisar la decisión de imputarle cargos por posibles irregularidades de contratación.
La respuesta llegó en forma de una carta de tres cartas firmada por el jefe de esa institución, Francisco Barbosa, quien señala que “la convocatoria de comités técnicos jurídicos es una facultad discrecional, en este caso, del fiscal general de la Nación, que se ejerce como instrumento interno de evaluación y seguimiento de ciertas investigaciones; tiene lugar por iniciativa de determinados funcionarios de la entidad y no mediante solicitudes de partes intervinientes, si bien estas pueden, en ejercicio del derecho fundamental de petición, solicitar que se estudió la viabilidad de conformarnos”.
En otras palabras, no se trata de una herramienta abierta para el uso de, en este caso, Mauricio Pava, defensor del exgobernador de Antioquia, pues solo se implementa de manera excepcional en casos de amplios problemas jurídicos relacionados con la legalidad y material probatorio del proceso, precisamente uno de los cuestionamientos que varios sectores han venido haciendo en este caso particular. Lo mismo, teniendo en cuenta que se debe defender la independencia de los fiscales colombianos.
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