Este 4 de mayo, se conoció que la Procuraduría General de la Nación archivó investigaciones contra dos exministros de Hacienda, un expresidente de Ecopetrol y otros siete exmiembros de la Junta Directiva por el caso de Reficar.
El ministerio público investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución de la ampliación y modernización de la refinería ubicada en Cartagena, entre 2011 y 2015, donde pasó de $3.777 millones a $8.016 millones, al igual que los retrasos en el cronograma.
En el proceso, que empezó en el 2016, estaban involucrados Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro.
El documento señala que la Junta Directiva de Ecopetrol “partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso CB&I en el proyecto Reficar dada su complejidad” y que esa confianza es razonable “por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”.
Y sostiene que los miembros de la junta de la petrolera “no tenían experiencia en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión de una refinería, ni tienen conocimientos de campos especializados de la ingeniería”, por lo que confiaron en los datos entregados por CB&I, contratista en ese momento del proyecto.
Adicionalmente, las cifras habían sido revisadas por Foster Wheeler en agosto de 2009, quien las definió como consistentes, informe que sirvió de soporte para las aprobaciones de las juntas directivas de Ecopetrol S.A. y de REFICAR. Si bien Ecopetrol S.A. y REFICAR no contaban con la experiencia por sí mismas para desarrollar una ingeniería de tal talante, habían pagado por ella una suma considerable y además lograron la intervención de un tercero reconocido internacionalmente para que emitiera su opinión sobre la razonabilidad del cálculo de costos
Así las cosas, la Procuraduría aseguró que, “las gestiones adelantadas por la junta directiva de Ecopetrol S.A., no fueron irregulares, en cuanto a la aprobación de los controles de cambio que vienen de exponerse en este auto, puesto que aquellos estuvieron justificados por razones que llevaron a los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. y REFICAR necesariamente a reconocer que el costo del proyecto era mayor del que hasta entonces se estimaba”.
El ente investigador afirmó que las modificaciones a contratos y el cronograma de la obra “no se generaron por la actuación indebida” de los investigados, “sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I, que hacía imposible continuar con la ejecución de la obra sino se autorizaba el incremento del presupuesto inicial”.
“Siempre se planteó la necesidad de evitar un daño mayor al parar la obra, pues con lo invertido hasta ese momento era presupuestalmente más factible dar continuidad al proyecto que acabarlo y asumir los costos de una obra no terminada e inservible”, dice el documento.
Tras fallo de la Contraloría, responsables del caso Reficar tendrán que pagar multimillonaria condena
El pasado 26 de abril, la Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones por el caso Reficar en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas.
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría determinó que en la modernización de la Refinería de Cartagena se presentaron mayores inversiones que no le agregaron valor al proyecto en cuantía de US$997 millones.
Asimismo, se determinó que algunas de estas mayores inversiones consistieron en retrabajos, reprocesos, sobrantes excesivos en inventarios y gastos no asociados a la construcción.
“Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proceso de modernización de la Refinería, hubo baja productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por acciones y omisiones, por parte de la junta directiva de Reficar, la administración de Reficar, el contratista y el supervisor del proyecto”, dijo la Contraloría.
Los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes Reyes Reinoso Yanes, Orlando José Cabrales Martínez, y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.
En cuanto a los miembros de la junta directiva se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henru Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.
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