“El Gobierno debe permitir a la gente expresarse”: Secretaría General de la ONU

Desde la oficina del mismo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, se le solicitó al Gobierno de Colombia permitir y garantizar que se realicen las protestas de forma pacífica. El encargado de comunicar la petición fue Stéphane Dujarric, portavoz del funcionario, quien agregó que la entidad está siguiendo de cerca la coyuntura colombiana.

“Lo que es primordial es que el Gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura”, dijo Dujarric a nombre de Guterres.

El pronunciamiento se dio a conocer solo unas horas después de que a la representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció que la misma Policía atacó una misión humanitaria de la entidad. El hecho ocurrió al sureste de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, cuando los uniformados amenazaron a ONU.

“Mientras dábamos seguimiento a situación de derechos humanos en Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, informó De Rivero en Twitter.

Así mismo, en otro mensaje, la diplomática se refirió a los abusos policiales presentados en Cali y dijo que espera que los “hechos descritos sean investigados y los responsables sancionados” por la Fiscalía.

El pronunciamiento de la ONU fue muy bien recibido por gran parte de los colombianos que desde hace días está pidiendo que organismos internacionales intervengan la situación para detener la violencia. Sin embargo, también hubo rechazo a esas declaraciones, principalmente por miembros del Centro Democrático.

Ese partido político publicó un comunicado en el que insiste en que los datos usados por la funcionaria son imprecisos. En sus palabras:

“Esas afirmaciones sobre hechos aún no verificados son ligeras y, por su ligereza, sumamente irresponsables y peligrosas. Contrasta la protesta para condenar a la Policía Nacional, con el silencio desconsiderado con los más de 500 policías heridos —han sido 579—, con la viuda y la huérfana del Capitán Jesús Alberto Solano, asesinado a puñaladas por manifestantes, y con los cientos de civiles cuyos bienes han sido destruidos por el terrorismo urbano”, se lee.

Posteriormente, esa colectividad pasa a listar una serie de consecuencias materiales que han dejado los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes.

Para finalizar, los miembros del actual partido de gobierno usaron cifras de la Defensoría del Pueblo para hablar de las afectaciones a civiles. Estos datos dicen que desde el 28 de abril hasta el 4 de mayo 18 civiles, entre ellos un menor de edad, resultaron muertos en medio de las marchas. Así mismo, aseguran que 700 manifestantes resultaron heridos y 87 están desaparecidos.

Sin embargo, esas cifras distan de las reveladas por organizaciones no gubernamentales (ONG). Temblores, uno de estos grupos, reveló que entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 8:00 a. m. del 4 de mayo han sido asesinados 31 ciudadanos por miembros de la fuerza pública. Así mismo, se reportan 1.443 heridos.

Basados en estas últimas cifras de Temblores, es que 30 congresistas de la oposición enviaron una carta a Michelle Bachelet para solicitar una misión de verificación internacional.

“De manera respetuosa solicitamos la conformación urgente de una misión internacional de verificación presidida por usted para documentar, dar seguimiento riguroso y formular recomendaciones en relación con las graves violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en el marco del paro nacional. Estos días críticos exigen acompañamiento de todas las instancias internacionales encargadas de verificar el cumplimiento de la protección de los derechos humanos”, escribieron los congresistas de la Bancada Alternativa.

Los legisladores denunciaron en la misiva la presunta violación de los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas por parte de los agentes del Estado, para lo cual citaron denuncias, videos y fotografías que ha sido difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

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