Congresistas del Centro Democrático rechazan las afirmaciones “ligeras” de la ONU

Por medio de un comunicado oficial, la bancada del Centro Democrático rechazó, en la tarde de este martes 4 de mayo, las declaraciones publicadas por la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Marta Hurtado, quien más temprano este mismo día rechazó el “uso excesivo de la fuerza” de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Ejército Nacional contra los manifestantes en Colombia.

Después de todo, Hurtado señaló que tanto ella como sus colegas están “profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”.

En el texto, publicado en su sitio web oficial, el partido de Álvaro Uribe Vélez insiste en que los datos usados por la funcionaria son imprecisos. En sus palabras, “esas afirmaciones sobre hechos aún no verificados son ligeras y, por su ligereza, sumamente irresponsables y peligrosas. Contrasta la protesta para condenar a la Policía Nacional, con el silencio desconsiderado con los más de 500 policías heridos —han sido 579—, con la viuda y la huérfana del Capitán Jesús Alberto Solano, asesinado a puñaladas por manifestantes, y con los cientos de civiles cuyos bienes han sido destruidos por el terrorismo urbano”.

Posteriormente, esa colectividad pasa a listar una serie de consecuencias materiales que han dejado los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes desde que iniciara el paro nacional el pasado 28 de abril y qué, aseguran, se derivan de la infiltración de “organizaciones criminales que han bloqueado vías y destruido la seguridad en varias ciudades y sembrado temor entre muchos colombianos”.

Se trata del siguiente listado:

Más de 441 bloqueos que han llevado provocado desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible en Cali.

Vandalismo contra 21 unidades de policía.

47 estaciones de policía y 3 más atacadas con armas de fuego en Cali, una subestación de policía destruida

96 buses de transporte público vandalizados, 25 incinerados y 71 estaciones de transporte público destruidas

16 motos incineradas

36 cajeros destruidos

99 bancos atacados

17 peajes destruidos

75 establecimientos comerciales saqueados, 254 vandalizados

2 infraestructuras de gobierno destruidas, además de semáforos, monumentos culturales, hoteles.

Acto seguido, el mismo comunicado lista el saldo que queda del lado de los civiles y que, si bien asegura debe ser esclarecido, está visiblemente relacionado con el accionar armado de la fuerza pública colombiana, como queda demostrado en numerosos videos compartidos a través de redes sociales y la mayoría de medios de comunicación del país durante los últimos siete días.

Al respecto, el partido de gobierno señala que, “infortunadamente, 309 civiles han sido heridos y 19 ciudadanos han perdido la vida en medio de confusos incidentes que deben establecerse. Lo lamentamos mucho. Si algún exceso de fuerza se hubiere cometido por integrantes de la Fuerza Pública, debe ser investigado y sancionado de acuerdo con la ley. Ya se han iniciado 29 investigaciones disciplinarias (8 por homicidio, 10 por abuso de autoridad, 3 por agresiones físicas)”. Valga recordar que, además de estas cifras, la Defensoría del Pueblo también reportó esta mañana el registro de 87 denuncias de personas desaparecidas durante las protestas.

En el comunicado tampoco se menciona uno de los apartes clave en la declaración de Hurtado, quien señaló que la ONU ya está trabajando para determinar la cifra exacta de víctimas de violencia policial durante el mencionado periodo de tiempo, así como las circunstancias en las que se dieron dichos hechos. Lo mismo aplica, claro, para la denuncia que la misma portavoz hizo al respecto de las amenazas y acosos contra defensores de derechos humanos, de los que tampoco hace mención el Centro Democrático.

A pesar de obviar ese detalle, los congresistas concluyen su comunicado señalando que exigen “el respeto por los derechos humanos de los colombianos que no quieren ver más daño económico, y que tienen derecho humano a la seguridad y la propiedad. Asimismo respeto por los derechos humanos de debido proceso y presunción de inocencia de los hombres de la Fuerza Pública, que no pueden ser condenados sin fórmula de juicio”.

“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, señaló por su parte la portavoz.

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