Amnistía Internacional cuestiona militarización autorizada por Iván Duque y rechaza la represión policial en las protestas

Este martes 4 de mayo, Amnistía Internacional (AI) se refirió a la situación que vive Colombia por cuenta de las masivas manifestaciones que se han registrado desde el pasado 28 de abril y sobre las cientos de denuncias de abuso policial.

El movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos y respetados los derechos humanos, instó a las autoridades colombianas a poner fin a la represión de las manifestaciones, cesar la militarización de las ciudades y asegurar que el respeto y garantía de los derechos humanos se encuentren en el centro de cualquier propuesta de política pública, incluyendo la reforma tributaria.

Así mismo, expusieron varios videos en los que se ve el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de los uniformados de la Policía en el control de las manifestaciones, grabaciones que fueron verificados por el Cuerpo de Verificación Digital de la AI.

“Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo docenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, deben respetar la libertad de expresión y de prensa y garantizar que quienes ejercen el periodismo puedan cubrir los hechos de manera segura”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El 1de mayo, el presidente Duque anunció la presencia militar en “los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”, y afirmó: “quiero hacer una advertencia clara a quienes, por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, pretenden amedrentar a la sociedad y piensan que por ese mecanismo doblegarán las instituciones”.

Ante eso, Guevara Rosas señaló que, “el descontento de la población por medidas económicas que no percibe como justas y que pueden poner en riesgo sus derechos humanos no debe ser calificado como vandalismo y terrorismo, como lo ha hecho el presidente Iván Duque, y ser utilizado como excusa para reprimir violentamente”.

Al 3 de mayo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron 26 personas muertas a consecuencia de la represión de la Policía Nacional y 761 detenciones arbitrarias. Asimismo, reportaron 142 víctimas de malos tratos, nueve víctimas de violencia sexual y 56 de denuncias de personas desaparecidas en el contexto de las manifestaciones. A lo anterior se suman denuncias de ataques contra periodistas, entre los que se destacan actos de violencia física, detenciones arbitrarias y eliminación de material periodístico.

A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, Amnistía Internacional confirmó que la policía colombiana ha hecho uso de armamento letal en varios incidentes, así como uso de armas menos letales de forma indiscriminada, como gases lacrimógenos y cañones de agua y otros materiales contra manifestantes en varias partes del país. Se identificó, por ejemplo, el uso del rifle Galil Tavorn en Cali durante la represión de manifestaciones el 30 de abril, o de policías apuntando armas semiautomáticas directamente contra manifestantes desarmados el 2 de mayo en Popayán. En otro incidente, el 1 de mayo en Bogotá, se verificó un vehículo blindado disparando munición viva. Todo este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales.

“Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país”, señaló la organización.

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