El periódico El Espectador y la Fundación para la Libertad de Prensa, entre otros medios y organizaciones, han solicitado al Ministerio de Salud, en diferentes ocasiones, información sobre los costos, la contratación y la política de privacidad del portal Mi Vacuna, pero ha sido negada.
El portal y la aplicación fueron creados a comienzos de 2021 de la mano del Plan de Vacunación Nacional contra el covid-19 para que los usuarios conocieran los puntos y la fecha de asignación de su cita para recibir la dosis de la vacuna.
El Espectador pidió información para evaluar “el impacto de esta estrategia y su costo-beneficio”. Frente a esto, el Ministerio de Salud evadió la solicitud. Luego de esto, volvieron a radicar una segunda petición y, al igual que la primera, no fue resuelta.
Hay que tener en cuenta que a otros periodistas y organizaciones también se les ha negado el acceso a esta información pública.
Según la respuesta del Ministerio de Salud a este periódico, esta plataforma fue desarrollada por su Oficina de Tecnología de Información y Comunicación “con recursos de operación y del Proyecto de Fortalecimiento del Sistema de Información de la Protección Social”. A esto, el ministerio agregó que las políticas de privacidad y de seguridad están publicadas en su página web. En esta respuesta, que se dio por medio de una carta, remitieron dos links, ninguno de los dos funcionó en el momento de ser consultados.
Dentro de la investigación, El Espectador preguntó concretamente sobre el costo de la creación de dicha aplicación para así, “hacer un análisis sobre su necesidad y utilidad en estos tiempos de austeridad fiscal”. Además de eso, preguntaron específicamente por los detalles de los gastos, personas que intervinieron en el proceso, modalidad con la cual fueron contratadas y cuáles son las políticas de privacidad y confidencialidad del aplicativo web. A esto, el ministerio tampoco contestó.
Por su lado, la Fundación para la Libertad de Prensa intentó acceder a una información similar sobre ‘Mi Vacuna’, pero el Ministerio de Salud tampoco aceptó su solicitud en el plazo legal. Por esta razón, como lo informó la FLIP, acudirá a la acción de tutela.
Desde la FLIP se plantearon varias preguntas que hasta la fecha no han sido resueltas. Esta organización trató de investigar el manejo de los datos personales, la empresa encargada del mantenimiento del portal y si existe un mecanismo para evaluar el impacto de ‘Mi Vacuna’ en derechos humanos, además, sobre los recursos invertidos para el desarrollo del portal, pero específicamente le preguntó al ministerio si había publicado en la plataforma oficial de la contratación pública, SECOP, los contratos que suscribió para implementar el dispositivo y, en caso de no ser así, solicitó una respuesta sobre la razón jurídica para no hacerlo.
Ahora, a la Fundación Karisma, que trabaja por los derechos humanos en el ámbito digital, también le surgieron dudas por las políticas de privacidad que maneja la aplicación. Para esto, realizaron un análisis para ver cómo protege la seguridad y privacidad de quienes usan a ‘Mi Vacuna’.
Para Karisma esta plataforma está creada en la seguridad digital con un propósito concreto, y está controlada y conectada al sistema sanitario. Ahora, la irregularidad que ellos encontraron es que hasta ese momento no había un política de privacidad para Mi Vacuna, por esto se recomendó crear una.
Para una segunda revisión, la coordinadora de proyectos de Karisma, Pilar Sáenz, encontró que el Ministerio de Salud publicó hasta el pasado 24 de marzo dicha política a su página web. Acción que debieron hacer desde el 5 de febrero, cuando se lanzó la aplicación.
Por último, El Espectador contactó a dos expertos en este tema. Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, quien explicó que no tiene por qué haber una sola razón para que: “el costo o los datos de la implementación del portal Mi Vacuna no sean públicos”, y comentó que actualmente, con la pandemia del covid-19, apareció un problema con la gestión de los recursos públicos, “pues se volvió excusa negar la información”.
De acuerdo con declaraciones a El Espectador de Juan Carlos Upegui, coordinador de la línea de Transparencia de Dejusticia, “cualquier información del Estado es pública, en especial la relacionada con la contratación. La información pública se debe a los ciudadanos. Es generada con los impuestos que pagamos o con la renta nacional, que es la riqueza del pueblo colombiano”.
Estos son los otros medios y organizaciones que se encuentran investigando los temas mencionados respecto a ‘Mi Vacuna’ y también a la plataforma ‘CoronApp’: la alianza Más Información, Más Derechos, de la que hacen parte Dejusticia, Transparencia por Colombia.
Este grupo de organizaciones pidieron al Gobierno nacional una copia de las cláusulas de confidencialidad de los contratos que suscribió con las farmacéuticas para la compra de vacunas. Ahora, hay que aclarar que no solicitaron los contratos en sí, ya que se conoce que son reservados, y hay algunos asuntos sobre el Plan Nacional de Vacunación, al que tampoco se le ha podido hacer seguimiento por falta de información.
Sobre la primera petición ya fue negada por Fiduprevisora y el Ministerio de Salud, que argumentaron que solicitud no fue aceptada porque se trata de un tema de salud pública reservado.
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