El departamento del Valle del Cauca entró este domingo en alerta roja hospitalaria luego de los desórdenes de orden público ocasionados en las últimas horas por las manifestaciones en distintas ciudades, como es el caso de Cali, donde diferentes Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han denunciado por lo menos siete muertos y múltiples violaciones a los derechos humanos.
A raíz de esta difícil situación social, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, tras sostener diálogos con la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, confirmó a través de un video publicado en las redes sociales que el departamento entró en una nueva alerta este domingo 2 de mayo tras analizar el estado de la red de prestación de servicios de salud: “Hemos tomado la decisión de decretar la alerta roja hospitalaria con características humanitarias mientras dure nuestra situación de orden público”.
Seguido de esto, Lesmes añadió que todos los servicios programados serán suspendidos, en cuanto se le dará prioridad a las áreas de urgencias: “Con ella quedan suspendidas temporalmente todas las actividades hospitalarias programadas: cirugías, consulta externa. Nos vamos a concentrar a la prestación de servicios de urgencias y de urgencias vitales”.
Finalmente, aclaró que todos los centros de salud se verán cobijados por estas normativas hasta próximo aviso. “Todas las clínicas están sometidas en este ordenamiento. El propósito es economizar nuestros recursos de salud, disminuir la producción de residuos hospitalarios y garantizar la atención de las urgencias vitales”, concluyó.
CALI, EL CENTRO DE LA VIOLENCIA:
Distintas entidades que velan por los derechos humanos y congresistas han manifestado su preocupación por la crisis humanitaria que se vive en la capital del Valle del Cauca. Acorde con estos reportes, se han registrado, al menos, siete muertos (pese a que organizaciones como Temblores contabilizó 10 decesos), cientos de heridos, la denuncia de una violación y daños que superan los 100.000 millones de pesos, repartidos, entre otras afectaciones, por la destrucción de 6 estaciones del sistema de transporte público MIO, la quema de 26 buses, la vandalización de otros 50, el derribamiento de 16 cámaras de fotomultas y los saqueos de establecimientos comerciales.
Catalina Ortiz, representante a la Cámara por la Alianza Verde, precisó en diálogo con Semana que estas manifestaciones, en su esencia, tienen un propósito pacífico por parte de diversos sectores de la sociedad; no obstante, otros grupos han aprovechado la coyuntura para delinquir y cometer demás actos vandálicos que atemorizan a los caleños.
Por otro lado, el senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco expresó también a la citada revista que Cali es la ciudad que ha recibido “todos los problemas de pobreza y marginalidad de la Costa Pacífica, del macizo colombiano”. Seguido de esto añadió: “Es una ciudad que hace un esfuerzo gigantesco por generar oportunidades a los que llegan, pero la tasa de crecimiento de Cali, no es la tasa de natalidad normal; hay que sumarle un problema de desplazamiento que evidentemente crece pobreza”.
Y es que este sábado, en el marco del Día del Trabajo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió formalmente a la Fiscalía que investigue la cifra real de fallecidos durante las protestas del 28, 29 y 30 de abril en la ciudad. Esto, producto de las constantes inconsistencias en los datos presentados por diferentes sectores de la población. Por ejemplo, la representante a la Cámara por Bogotá Ángela María Robledo, junto con un grupo de usuarios en internet, manifiestan que se presentaron 17 fallecimientos.
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