Así pasaron los miembos de las antiguas Farc de negar el secuestro a aceptarlo como crimen de lesa humanidad

Este viernes el antiguo secretariado de las Farc aceptó los cargos por secuestro que les imputó la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 26 de enero en el Auto 019. Hoy vence el plazo que tienen los ocho imputados para sentar posición sobre la decisión del Tribunal de Paz.

“El documento que radicamos hoy ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz contiene la reafirmación de nuestro reconocimiento de responsabilidad frente a los secuestros ocurridos a cargo de las extintas FARC-EP durante el conflicto armado. Este reconocimiento incluye la aceptación de los hechos y conductas descritos en el auto. Como lo hemos manifestado en repetidas ocasiones, nos equivocamos gravemente al asumir la política del secuestro, siendo esta injustificable”, señaló en las declaraciones.

La JEP había imputado estos cargos a ocho exdirigentes de la extinta guerrilla en el mes de enero, y como firmantes de dicho documento algunos de estos aceptaron los cargos. Entre estos se encuentran el actual líder de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’; Pastor Alape; Jorge Torres, alias ‘Pablo Catatumbo’; Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Rodrigo Granda Escobar, conocido como ‘Ricardo Téllez’; Milton de Jesús Toncel, apodado ‘Joaquín Gómez’; Alberto Parra, alias ‘Mauricio Jaramillo’.

Esto para la Justicia y las victimas de este delito es un gran avance, pues durante más de 50 años, cuando aún se consolidaban como grupo guerrillero e incluso en la mesa de negociaciones negaron que esta fuera una política de financiación del grupo. Incluso, en muchos casos justificaron su actuar como producto de la guerra, revictimizaron a las personas que habían vivido el yugo del cautiverio y no reconocieron que en contexto de este delito se ejercieron otros como tortura, violencia sexual, entre otros. Y es que hay que recordar que el numero que personas que fueron privadas de su libertad por parte de las Farc entre 1958 y 2016, fueron 37.000 según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Pese a que este crimen fue ejercido durante todo su proceso, fue incluido como política de financiación en el grupo guerrillero en la en la Octava Conferencia de 1993. Allí, fue la primera vez que la guerrilla identificó a “los enemigos del pueblo y la revolución” como “objetivos financieros”.

Sin embargo, hasta el 2000 fue abiertamente decretado bajo el auto 002 y 003 donde especificaban quienes eran blanco de secuestro, entre esas personas se encontraban políticos, personas del ejercito y fuerzas estatales, ganaderos entre otros.

De acuerdo con la Silla Vacía, en abril del 2000 El Tiempo publicó una comunicación interceptada entre el comandante del Bloque Oriental, Víctor Julio Suárez, conocido como el “Mono Jojoy”, y uno de sus subalternos. Donde quedo en evidencia que desde los altos cargos se daban ordenes para que en los campamentos las personas sufrieran y fueran tratadas de forma inhumana.

“Hay que andarles bien duro, no como si estuvieran cuidando a la mamá. Dígales (a sus subalternos) que al que se vuele, lo maten. Hay que amedrentar y aprieten de una vez esa vaina, nadie debe hablar con esa gente. Ahora hay que hacerles un sótano en una peña para que nunca salgan de ahí”, se escucha en la grabación decir al Mono Jojoy.

Años después, en el 2012 el grupo sacó un comunicado, donde anunció que no seguiría secuestrando, sin embargo, en este paso dos cosas, lo primero, no hablaban de secuestro sino retención, es decir no lo aceptaban como crimen y lo segundo, unos meses después de sacar el documento secuestraron al periodista francés Roméo Langlois.

Durante las negociaciones de paz y hasta el año, habían mantenido en su discurso que “las retenciones con fines económicos” había ayudado a su lucha y por tanto no eran reconocidas como secuestro o crimen. Pero, sus declaraciones generaron rechazo en redes sociales y en el 2021 comenzaron los pasos para aceptar que el secuestro fue uno de los crímenes que ejercieron en todo su proceso guerrillero.

La aceptación de este crimen es muy importante y trae consecuencias positivas, no sólo de carácter simbólico sino de carácter, legal, histórico y sin lugar a duda, ayuda con el proceso de reparación integral a las victimas de las extintas Farc, además, se muestra un avance significativo por parte de los exmilitantes de voluntad para la implementación del acuerdo, que a tenido dificultades en los últimos años por el bajo compromiso del Estado.

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