Las consecuencias de la penalización total del aborto para quienes defienden los derechos humanos

Una niña de 13 años fue abusada sexualmente y como consecuencia quedó en embarazo. Ella vive en una zona muy pobre de su ciudad y en un país que atraviesa una crisis política y humanitaria. En este país, el aborto se castiga con cárcel, salvo cuando la vida de la mujer está en riesgo, aunque esto casi nunca se aplica.

Asustadas y sin saber qué hacer, la mamá y la niña acudieron a una profesora y activista muy respetada en su comunidad. Se trata de una mujer con 11 años de experiencia en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y con un amplio trabajo con comunidades en situación de vulnerabilidad. Ella les brindó la información necesaria para hacer posible la interrupción del embarazo y, como respuesta, la justicia de su país la capturó, mientras que el violador de la niña sigue libre.

Esta historia no salió de mi imaginación. Sucedió hace poco más de seis meses en Venezuela y la conozco porque Women’s Link Worldwide, organización en la que trabajo, acompaña a 100% Estrógeno, quien asumió la defensa de Vannesa Rosales, la activista que hoy está enfrentando un proceso penal por defender los derechos humanos de una niña.

Aunque en Venezuela la ley permite la interrupción voluntaria del embarazo en casos en los que la vida de la mujer está en peligro, en la práctica, como tantas veces suele suceder, es una ley que se queda en el papel. No existen protocolos ni lineamientos actualizados que permitan hacer realidad este servicio de salud.

En enero, gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil y de sus abogados y abogadas, a Vannesa le otorgaron casa por cárcel. Sin embargo, aún se encuentra a la espera de una audiencia que determinará si va a juicio por delitos muy graves. Mientras tanto, no puede trabajar y su labor como profesora y activista quedó en el limbo.

Este caso me hizo pensar en que la penalización del aborto no solo afecta a las niñas y mujeres, quienes muchas veces se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros en lugares clandestinos, sino que también tiene consecuencias negativas para mujeres que, como Vannesa, solo buscan ayudar a otras personas, ante las omisiones de los estados.

Este caso abrió el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela y ha evidenciado cómo el sistema actual castiga a quienes salvan vidas y deja libres a los verdaderos agresores.

En lugar de perseguir y criminalizar a quienes están ayudando a las niñas, mujeres y adolescentes a continuar con sus proyectos de vida, los estados deberían prestar estos servicios esenciales que garanticen plenamente la salud sexual y reproductiva (entre ellos: información, educación sexual integral, acceso a anticonceptivos y al aborto) sin discriminación.

Además, se deberían implementar planes de prevención y atención a las víctimas de violencia sexual y asegurar su acceso a la justicia. No puede ser que mientras ellas y las personas que les dan una mano son criminalizadas, sus abusadores estén libres.

PD: Si quieren sumarse a las voces que pedimos una audiencia para Vannesa y que el proceso judicial se archive, les invito a sumarse en redes con un mensaje. Pueden usar la etiqueta #JusticiaParaVannesa. Ella estará muy agradecida.

* Marcia Aguiluz, abogada de Women’s Link Worldwide