Para finales de enero de este año siete excomandantes de la antigua guerrilla de las FARC se presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la que se conoció el primer auto de determinación de hechos y conductas por parte de dichos líderes.
Dentro de este documento yacen los testimonios de los máximos responsables de los crímenes de guerra, quienes fueron imputados, luego de finalizar dicho documento, por ser los responsables de los secuestros que llevó a cabo dicha guerrilla.
De acuerdo con información del periódico El Tiempo, mañana, 30 de abril, se llevará a cabo una sesión en la que los siete exguerrilleros deberán ser acusados formalmente y, además, se conocerá si aceptan o no los hechos que el alto tribunal les endilga.
Recordemos que dentro los siete exguerrilleros se encuentran el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, así como los hoy militantes Pablo Catatumbo y Julián Gallo. Además, también aparecen Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaquín Gómez, Jaime Alberto Parra y Juan Hermilo Cabrera.
Hasta el momento se sabe que, como mencionaron públicamente, los miembros del nuevo partido Comunes aceptarán ante la justicia los delitos que cometieron, y que ellos mismos han reconocido que son sancionables a la luz del Derecho Internacional Humanitario, DIH, y del Derecho Penal Internacional.
Ahora, hay que tener en cuenta, que mañana solo se sabrá si van a reconocer todos los crímenes endilgados o tienen reparo sobre algunos en particular. Y, desde los líderes del Parido Comunes, convocaron a una rueda de prensa a las 10:00 a.m. del día de mañana en la que entregarán lo que calificaron una “declaración histórica”.
Dentro del documento se encuentra plasmado la determinación de hechos y conductas que dan cuenta de las actos ilegales que cometieron la entonces guerrilla de las FARC contra las personas que tuvo en cautiverio, que, según cifras oficiales de la JEP serían al menos unas 21.396.
Dentro de estos actos ilegales se encuentran casos de tortura psicológica por medio de falsos fusilamientos, cobros por rescate de cadáveres, hacinamiento, golpizas durante interrogatorios, violaciones y abusos sexuales, plagio de adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.
Hay que tener en el tintero que estos exguerrilleros deben responder ante la JEP por haber estado al mando de los diferentes frentes que realizaron estos actos ilegales aunque no hayan actuado directamente.
Ahora, también cada uno será juzgado por sus delitos particulares, es decir, si cometieron los crímenes de guerra o lesa humanidad de homicidio, tortura y tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
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