Parlamento Europeo le pide a Colombia proteger las zonas más violentas del país

Este 29 de abril, los miembros del Parlamento Europeo votaron una resolución con la que mostraron su preocupación por la incesante violencia en Colombia, haciendo especial énfasis en los asesinatos reiterados de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Mediante el acto legislativo, que fue aprobado con 553 votos a favor, 77 en contra y 60 abstenciones, el Parlamento pidió que se desarrollen investigaciones rápidas y reclama al Gobierno colombiano para que proteja las zonas más expuestas. A su vez, hizo un llamado a la Unión Europea para que mantenga el apoyo financiero y político al proceso de paz.

“Nos genera entusiasmo y compromiso un pronunciamiento de un organismo tan importante, en el que se reconoce que la implementación es un proceso que tomará a Colombia al menos 15 años, como lo ha señalado la Corte Constitucional, y alude al ejercicio de planeación adelantado por el gobierno del presidente Duque, así como a la destinación plurianual de recursos cercanos a los 11,500 millones de dólares (USD 11,5 billones)”, señaló en Colprensa el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

De igual forma el consejero indicó que el Parlamento “reconoció avances de la política de Paz con Legalidad en Desarrollo Rural, PDET, víctimas, restitución de tierras y reincorporación y Justicia Transicional”, todo esto en un trabajo que según el, se ha hecho pese a la coyuntura sanitaria que atraviesa el país desde que empezó la pandemia de covid-19 y a otros factores como la crisis migratoria venezolana.

Asimismo, el organismo internacional instó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerado un grupo terrorista por la UE, y a los grupos criminales disidentes de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cesar su accionar violento, así como los ataques contra la población, para que finalmente se comprometan con la tan esquiva paz en el país.

La Eurocámara además aprovechó esta resolución para reconocer el esfuerzo que está realizando Colombia con el Estatuto de Protección Temporal para migrantes, que tendrá una vigencia de 10 años y busca acoger legalmente a quienes han llegado del país petrolero huyendo de la crisis. Pero de igual forma, emplazan a la comunidad internacional a movilizarse para ayudar al país con dicha iniciativa.

“En el caso de la Unión Europea, la Eurocámara aboga por hacer buen uso de los nuevos instrumentos de cooperación del marco presupuestario para 2021-2027 de modo que se pueda redoblar la asistencia a Colombia”, informó Europa Press.

A inicios del mes en curso, el expresidente y nobel de Paz colombiano, Juan Manuel Santos, reveló detalles acerca del proceso de Paz con las FARC y aseguró que, al menos un 90 por ciento de los subversivos de la extinta guerrilla dejó las armas, pero el Gobierno del presidente Iván Duque, que debía responder por lo pactado, no ha cumplido, ni a los excombatientes ni a las víctimas.

El exmandatario aseguró a su vez que en su gobierno nunca dijo que, “este país (Colombia) sería un paraíso tras la firma de la paz”, y reiteró que siempre fue enfático al decir que el acuerdo se firmaría con las FARC, no con el resto de organizaciones criminales que delinquen en el territorio colombiano.

Al asegurar esto, Santos repitió que para que el Acuerdo Final de Paz con las Farc tenga éxito, se debe acelerar la implementación de la Reforma Rural Integral. Dijo que este tema deberá ser desarrollado por el nuevo mandatario que asuma la presidencia de Colombia en 2022, pues en los casi tres años que lleva Duque los avances no han sido significativos.

Uno de los puntos principales que, según Santos, afecta a las comunidades es la sustitución de cultivos ilícitos. El Gobierno Duque insiste en realizar este proceso a la fuerza y recurriendo a la aspersión aérea con glifosato, hecho que ha sido rechazado por los campesinos y autoridades de varios territorios del país.

Lo manifestado por Santos se sustenta en que durante las últimas semanas se han reportado enfrentamientos entre la fuerza pública y civiles de territorios como la subregión del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el departamento del Chocó y otros del suroriente del país como Amazonas, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

Mandatarios de estos lugares aseguran que la erradicación forzosa fomenta otros problemas de tipo social, económico y medioambiental. En el Guaviare, por ejemplo, las personas terminan plantando los ilícitos en zonas boscosas escondidas, lo que acrecienta el problema de deforestación, que ya es latente en el país.

Además, Santos aprovechó para revelar que su gobierno no firmó el cese al fuego con el ELN porque un funcionario de la actual administración fue quien boicoteó la negociación con el fin de que el arreglo se concretara durante el mandato de Iván Duque, hecho que no sucedió.

“Estuvimos a punto de firmar un cese al fuego antes de salir yo del gobierno, infortunadamente un muy importante vocero del actual gobierno fue a decirle a los del ELN que no firmaran el cese al fuego con este gobierno sino con el próximo y el ELN se creyó ese mensaje, no firmó conmigo y mire en las que estamos”, dijo Santos durante un conversatorio organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 5 de abril.

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