La representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza, Juanita Goebertus, expresó que más de la tercera parte de los puntos que se acordaron en La Habana entre 2012 y 2016 para la implementación del Acuerdo de Paz, no han sido tramitadas en el Congreso de Colombia. La congresista afirmó que cuando se firmó la paz, se revisaron algunas necesidades para su efectiva puesta en marcha.
“Se hizo un barrido y se identificó que eran necesarias 107 leyes y decretos para llevarlo a cabo. Durante la primera fase de implementación se avanzó en el conocido ‘Fast Track’ sacando algunas de esas normas, pero a la fecha el 38% de estas están pendientes de ser expedidas por el Congreso”, expresó la representante”.
De las 107 normas requeridas en el Acuerdo de Paz, 41 no se han llevado al Congreso para empezar su discusión, por lo que esto estaría dilatando la efectiva implementación del acuerdo, lo que muchas comunidades rurales han denunciado.
Goebertus dijo que el único proyecto presentado por el Gobierno de Iván Duque para garantizar una pertinente implementación es el de Especialidad Agraria, que le asigna una especie de liderazgo a unas personas para que trabajen en la resolución de conflictos por el uso y tenencia de la tierra pero, agregó la representante, en el Senado el proyecto no ha avanzado.
Por otro lado dijo que la ley de tierras, la reforma política, la creación de las 16 curules para los territorios más afectados por el conflicto armado y la desigualdad y el tratamiento penal especial a cultivadores de coca, son otros proyectos que se han dejado atrás y no han sido radicados en ninguna de la cámaras del Capitolio nacional.
De hecho, el pasado 9 de abril, día de las Víctimas en Colombia, Juanita Goebertus señaló su preocupación la manera lenta en la cual avanzan los procesos de reparación. “Esto implicaría que nos tardaremos más de 60 años en poder lograr la reparación integral de todas las víctimas”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.
El retraso, señala un informe presentado por la Comisión de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, se debe entre otras cosas a que la articulación entre los mecanismos de reparación colectiva y los PDET ha sido mínima, “lo cual representa una oportunidad perdida para reparar integral y masivamente a las víctimas”. De igual manera, señala que existen bloqueos de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad que no permiten avanzar con el resto del proceso.
Con ello, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz formuló varias recomendaciones como la identificación de fuentes de recursos que permitan acelerar el ritmo de indemnización de víctimas. Una forma, agregan, es ir trasladando paulatinamente los recursos invertidos en atención humanitaria a la reparación integral.
De hecho, este miércoles, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) le pidió al Gobierno nacional que adelante una mesa de diálogo con el gobierno indígena para que hablen de la emergencia humanitaria, la militarización y los escenarios del posacuerdo que, reclaman, no se han cumplido. “No se evidencia voluntad para garantizar el buen vivir en las zonas azotadas por el conflicto armado”.
“Por estás razones y ante la falta de voluntad del Gobierno para debatir, se decide convocar y apoyar la la Minga Nacional (paro nacional) porque sumado a la falta de garantías para la vida, este gobierno con sus reformas, la tributaria y la que se pretende con la consulta previa, hacen parte de las políticas de irrespeto al pueblo colombiano”, expresaron.
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