La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que desarticuló en el Caribe colombiano a una banda delincuencial conformada por 13 personas, quienes presuntamente se dedicaban a adulterar medicamentos de altos costos para luego venderlos a IPS, clínicas y hospitales de distintas zonas del país.
“En los operativos se incautó más de una tonelada de medicamentos para el cáncer, VIH – Sida, hemofilia, diabetes, artritis y otras enfermedades de alto costo, así como analgésicos, antivirales, anticonceptivos, antibióticos, suplementos nutricionales pediátricos y una gran cantidad de productos de uso exclusivo de las EPS que superaban los 15 millones de pesos.”, explicó la Fiscalía.
Según detalló el ente acusador, durante más de dos años la Fiscalía hizo seguimiento de estas 13 personas a través de la interceptación de sus teléfonos móviles, táctica a través de la cual pudieron conocer que el modus operandi con el que traficaban las medicinas a lo largo del territorio nacional.
En uno de los informes de las llamadas que fueron presentados durante la audiencia de imputación de cargos se conoció como uno de los miembros de la banda hacía uso de ‘thinner’ y acetato para borrar las fechas de vencimiento de los medicamentos, al igual que las inscripciones de ‘uso institucional’, con el fin de hacer pasar las medicinas como únicas en el mercado, así lo conoció Caracol radio.
“Son expertos en borrar las cajas y asesoran a sus compañeros en la actividad delictiva de cómo pueden borrarse estas cajas”, informó la Fiscalía General de la Nación.
De hecho, en otro informe de las interceptaciones telefónicas conocido por la misma emisora, se evidenció que las cadenas de frío que necesitaban algunos medicamentos tampoco se respetaba, y a pesar de que los fármacos perdían vigencia, la banda criminal los mantenía en frío para engañar a sus clientes, que según lo informado por el ente acusador incluso eran IPS y clínicas de la región Caribe.
“Fabiola indica a Katherine Gómez, dos de las investigadas que le envíen una orden de compra a una clínica de la Costa por 600 unidades de un determinado medicamento”, indicó el documento conocido por Caracol radio.
La Fiscalía además develó que al parecer, esa estructura obtenía parte de los medicamentos vencidos de distintas zonas del país, inclusive de Venezuela y Ecuador, para luego ser llevados a un centro de acopio en la costa Atlántica donde modificaban los fármacos y cambiaban la apariencia de los mismos para que pareciera como sí fueran aptos para el consumo.
“Algunos de los señalados integrantes se encargaban de constituir empresas, contratar con diferentes entidades de salud y asumir la distribución de los medicamentos a los usuarios. También hay indicios de la comercialización en droguerías de barrio y de envíos por encargo o encomiendas, a través de buses de servicio público. De esta manera alcanzaron una cobertura ilegal nacional”, informó la Fiscalía, según conoció Radio Nacional.
Incluso otro informe dado a conocer por el ente acusador a Caracol Radio, dio cuenta de como esa red criminal vendió medicamentos vencidos a una clínica en Chocó, los cuales eran destinados a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del centro médico.
Al respecto de la situación, el abogado de las víctimas de esta red delincuencial, Diego Cardona, manifestó en entrevista con la emisora su preocupación sobre la adulteración de esos medicamentos, pues señaló que inclusive muchos de esos pacientes que se debaten entre la vida y la muerte en las UCI pudieron haber fallecido a causa de los medicamentos y no por sus enfermedades.
“(...) me aterra pensar que a las UCI lleguen medicamentos en las condiciones en las que estamos viendo (…) podríamos estar hablando de una cifra negra de muertos. ¿Cuántos de los que están en cuidados intensivos mueren no como consecuencia de la enfermedad que padecen, sino que los medicamentos que les están aplicando no le generan los cambios que se esperan de un medicamento en buen estado?”, indicó Cardona al mismo medio.
De acuerdo con la Fiscalía, estas 13 personas que fueron capturadas en Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Soledad, Galapa y Manizales, responderán ante las autoridades por los delitos de corrupción de alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir y enajenación ilegal de medicamentos.
SEGUIR LEYENDO