Ordenan arresto del alcalde de Bello, Antioquia

En las ultimas horas, un Juez de Bello, Antioquia, ordenó arrestar a Óscar Andrés Pérez, actual alcalde de ese municipio en el norte del Valle de Aburrá. La decisión estaría basada en el incumplimiento de una tutela.

La Juez tercera municipal de Bello ordenó que el mandatario, sea arrestado por un día «que deberá cumplir en la estación de Policía más cercana al lugar de su residencia, y una multa de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes».

Esto debido a que Óscar Andrés Pérez, no porta el brazalete electrónico de detención del Inpec como fue ordenado por un juez de la República en 2019.

De acuerdo con Blu Radio, esta medida no privativa de la libertad fue fallada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello el 30 de enero de 2019, en el que le restringe salir del país, que debe presentarse ante la justicia periódicamente y portar un dispositivo electrónico del Inpec mientras continúa la investigación por los supuestos delitos de concusión, cohecho, prevaricato y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales en su primera Alcaldía de 2008-2011.

Desde la Alcaldía de Bello señalaron que el alcalde Pérez no tiene ningún brazalete o dispositivo del Inpec, porque la decisión fue revocada el 27 de junio por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bello, en respuesta a una apelación que presentó su grupo jurídico de cara a las elecciones de octubre de ese mismo año, documento que fue compartido.

Pero ese fallo fue demandado ante el Tribunal Superior de Medellín y éste, en su sala de Decisión Constitucional el 23 de julio, dejó sin efecto el fallo del juez Tercero de Bello y pidió a la juez Segunda que rehaga la audiencia de revocatoria de la medida.

El mandatario es investigado porque cuando fue alcalde de Bello, entre 2008 y 2011, celebró el proyecto educativo ‘Galileo’, que habría dejado a centenares de estudiantes endeudados y con dificultades para graduarse. Además, como señaló Ariel Ávila en una columna de Revista Semana “salió con grandes cuestionamientos por la aplicación del POT en su alcaldía, en especial por la Planta de Tratamiento de Residuos que costó alrededor de 89.000 millones de pesos y que afecta actualmente a los habitantes de Niquia-Camacol, debido a su mal funcionamiento”.

En su defensa Pérez, dijo el año pasado que había presentado 1.500 folios de pruebas ante Fiscalía por la investigación que le adelantan como prueba de que es inocente y ha dicho que las acusaciones salen de personas que lo quien perjudicar.

Al igual que él, el representante a la Cámara de Representantes, John Jairo Bermúdez, también del partido Centro Democrático, lo defendió cuando esta en campaña política en el año 2019 y aseguró que detrás de la determinación existían intereses con el ánimo de anular políticamente al alcalde.

“Se ha creado un galimatías jurídico alrededor de un hombre que lo único que ha hecho es servirle al municipio (…) Hay intereses ocursos por un proceso judicial que empezó hace 10 años y estuvo engavetado hasta que este hombre salió a campaña. Hay intereses en juego muy grandes, los enemigos lo han atacado y lo han querido sacar del juego político”.

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