Mapa de las masacres que han ocurrido en Colombia en 2021

En este mapa podrá ver caso por caso las masacres que se han reportado a lo largo de este año en Colombia. Una radiografía dolorosa de la violencia que persiste en los territorios.

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El 2020 para Colombia concluyó con una terrible cifra, se cometieron 91 masacres que dejaron 381 muertos en 66 municipios, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Entre el 2014 y el 2017, las masacres en Colombia disminuyeron. A partir de ese año, contrario a lo que se esperaba, aumentaron”, detalla Diego Restrepo, coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Las masacres aumentaron también según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): en el 2017 hubo 12 (con 49 víctimas), en el 2018 fueron 27 (con 105 víctimas) y durante el año pasado, 35 (con 113 víctimas).

La situación para este año no pinta nada bien. En apenas cuatro meses ya se han registrado 32 masacres con 116 víctimas mortales. Para ir más allá de una cifra, Infobae.com creó un mapa interactivo en el que se muestran los puntos exactos en la geografía colombiana donde ocurrieron estos crímenes, detalles de quiénes eran las víctimas y cómo llegaron a ser blanco de grupos armados y narcotraficantes en su mayoría.

Vea aquí el mapa de masacres en Colombia 2021

“Entre el 2014 y el 2017, las masacres en Colombia disminuyeron. A partir de ese año, contrario a lo que se esperaba, aumentaron”, detalla Diego Restrepo, coordinador de la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación.

Para Restrepo, son diferentes los factores que explican el aumento de masacres. “Uno de ellos es la disputa por la legitimidad de la población civil. Eso es lo que pasa al sur del Cauca entre el ELN —Ejército de Liberación Nacional— y las disidencias de las Farc; también lo que ocurre en el Urabá antioqueño entre Los Caparrapos y el Clan del Golfo —estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión—”, cuenta el investigador.

“En regiones con procesos de organización afro, indígena y campesina fuertes, como en el norte del Cauca, la violencia se recrudece: las estructuras armadas ilegales buscan romper desde adentro el ejercicio de participación comunitaria y de organización para hacerse con el control”, asevera.

De acuerdo con el experto, en esa disputa por la legitimidad es que las estructuras criminales hacen uso de la violencia contra la población civil, argumentando que tienen vínculos con otras bandas, por ejemplo.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos aumentaron desde la desmovilización de las FARC en 2017, debido al hueco que llenaron otros grupos armados y disidencias que se disputan los territorios. EFE/ Carlos Ortega/Archivo
Los asesinatos de defensores de los derechos humanos aumentaron desde la desmovilización de las FARC en 2017, debido al hueco que llenaron otros grupos armados y disidencias que se disputan los territorios. EFE/ Carlos Ortega/Archivo

Luis Fernando Trejos, doctor en Estudios Americanos e investigador del conflicto y posconflicto en Colombia, agrega que la disputa por la legitimidad se debe a la falta de presencia del Estado en zonas que históricamente han padecido la violencia.

“Desde el último año de Santos, ya firmados los Acuerdos de Paz, no se aprovechó la coyuntura para crear institucionalidad en regiones olvidadas. El Gobierno Duque tampoco lo ha hecho. Y el vacío que dejaron las Farc lo ocuparon estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Garzón, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica: “Ahora tenemos estructuras más fragmentadas, con múltiples organizaciones, influencia local y, en algunos casos, regional. Son actores cuya ideología ha perdido fuerza, con ciertas excepciones”.

Una de las masacres más dolorosas del año: los jóvenes de Buga

Entre las tantas masacres que van registradas este año, la de cinco jóvenes asesinados en una finca de Buga, Valle del Cauca, fue quizá la que más resonancia tuvo en medios de comunicación al tratarse de un crimen cruel contra bachilleres recién graduados.

Los jóvenes llegaron junto al hijo de Wilson Alberto Pérez Murillo, quien es dueño de la finca donde ocurrió la masacre, a las 7 de la noche del sábado 23 de enero para, según su relato a la Fiscalía, departir en Familia. Alrededor de las 2:00 a.m. tres hombres llegaron con armas de fuego preguntando por el hijo de Murillo, pues al parecer pretendían secuestrar al muchacho o atentar contra su vida.

Los hombres entraron hasta la propiedad y encontraron a los jóvenes en un jacuzzi, y ahí mismo les dispararon, todos fueron alcanzados por las Balas, cuatro murieron en lugar, un quinto llegó muy mal herido al hospital, para fallecer horas después.

Las otras cuatro víctimas fueron identificadas como Juan Pablo Marín Pérez, Nicolás Suárez Valencia, Sara María Rodríguez García. Estos tres jóvenes tenían 18 años. Una menor de edad, de 17 años, a quien identificaron como Valentina también murió.

Horas antes del atentado, Sara María Rodríguez, quien era la hija de un médico que labora en el hospital Divino Niño, de Buga. Subió un video de ellos departiendo con sus amigos.

Horas antes de ser asesinados, jóvenes víctimas de la masacre en Buga celebraban entre amigos

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