JEP llama a rendir versión a ‘Pablo Catatumbo’, ‘Pacho Chino’ y otros dos excomandantes de las Farc en el Cauca y Valle del Cauca

Este martes, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a versión a Jorge Torres Victoria, conocido en la guerra como Pablo Catatumbo; Juan Carlos Ramírez, Diego Ardila Merchán y Édgar López Gómez, conocido como ‘Pacho Chino’ excomandantes de las Farc-EP, dentro del Caso 05, el cual estudia las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridos en el conflicto armado en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca.

La JEP informó que estas personas deberán hablar de manera detallada sobre los hechos de desplazamiento forzado, secuestros, violencia sexual, muertes por el conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal, reclutamiento, desaparición forzada, entre otros tipos de violencia cometidas por las Farc-Ep en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Édgar López Gómez está vinculado como uno de los ideólogos del secuestro de los diputados del Valle en 2002. En una audiencia en la JEP, ‘Pacho Chino’ confesó que en las Farc entraron jóvenes que no tenían ni 15 años, pero negó que fuera una política del grupo armado.

En el Caso 05 se ha logrado la acreditación de más de 180.000 víctimas individuales y colectivas indígenas, afrodescendientes, campesinas, de mujeres y pertenecientes a la población Lgbti del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, las cuales podrán participar en las versiones de estos comandantes, a través del sistema de puntos de conectividad dispuestos por la JEP en más de 15 lugares en todo el territorio.

En el proceso se encuentran acreditadas 50 organizaciones indígenas, 60 consejos comunitarios afrodescendientes, 6 organizaciones campesinas, 10 organizaciones de víctimas no étnicas y más de 75 víctimas individuales.

Los exjefes de las Farc-Ep en esta región deberán tener en cuenta el enfoque étnico terriotiral del caso 05 y explicar si cometieron hechos directamente contra la población indígena, afrodescendiente y campesina por el conflicto armado. La Sala de Reconocimiento adoptó esta decisión después de haber recibido más de 27 informes presentados por las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría, y de haber realizado 30 versiones a excombatientes de las Farc–EP.

Los excomandantes fueron llamados por liderar las estructuras más importantes de la zona como el Frente 6to, el Bloque Móvil, las Columnas Jacobo Arenas y Gabriel Arenas. En dicha diligencia también deberán dar información para el Caso 02 que toca los crímenes ocurridos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, en Nariño.

El Caso 05 prioriza la investigación de los delitos cometidos con ocasión o en desarrollo del conflicto armado en los municipios de Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Morales, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el Cauca, y Candelaria, Florida, Jamundí, Palmira y Pradera, en el Valle del Cauca.

Justamente hace unos días, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP acreditó a cinco personas miembros de la comunidad LGBTI en el caso 05. Esto se dio gracias a un informe presentado por la Corporación Caribe Afirmativo en el que detallan y denuncian ante la JEP la violencia que vivieron durante el conflicto armado miembros de esta comunidad.

La acreditación en el caso la solicitaron las mismas víctimas cuando el pasado 9 de marzo denunciaron ante la Jurisdicción un patrón de amenazas, hostigamientos, violencia sexual, detenciones arbitrarias y tentativas de homicidio entre 2005 y 2012 en el norte del Cauca.

Estas cinco personas fueron víctimas de secuestro, torturas, tentativa de homicidios, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros crímenes en Miranda, Toribio, Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Padilla y Villa Rica, todo esto por parte de las Farc-EP y de la Fuerza Pública a causa de sus orientaciones, identidades sexuales y expresiones de género diversas.

Esto último fue la causa principal para la acreditación de estas personas ya que la JEP tiene competencia para “conocer de la prosecución de la comunidad LGBTI por motivos discriminatorios relacionados con la orientación sexual o la identidad de género con ocasión o en desarrollo del conflicto armado”, además indicó que cuando son de manera sistemática, se pueden considerar delitos de lesa humanidad.

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