Fiscalía y Procuraduría piden condena contra ex rectora del colegio de Sergio Urrego

Este 27 de abril inició la etapa de alegatos finales en el juicio del caso de Sergio Urrego, el adolescente que habría sido discriminado y perseguido por las directivas de su colegio hasta quitarse la vida el 4 de agosto de 2014.

Pese a que la principal acusación en contra de Amanda Azucena Castillo, rectora en ese año del Gimnasio Castillo Campestre, era por los delitos de racismo o discriminación agravados, el cargo prescribió por presuntas maniobras dilatorias.

Ahora, el juicio continúa por los otros dos delitos que imputó la Fiscalía en contra de la directora del colegio donde estudiaba Sergio Urrego, los cuales se basan en falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La Fiscalía, en medio de la audiencia, pidió la condena en contra de Amanda Azucena Castillo porque, con base en las declaraciones de la entonces pareja de Urrego, Danilo Pinzón y los padres de él, la ex rectora intentó denunciar falsamente al fallecido estudiante por supuesto acoso sexual después de descubrir su relación sentimental.

“Si ellos (los padres) no accedían a este plan criminal ideado por la señora Amanda Azucena Castillo Cortés, el menor Danilo Esteban Pinzón Valdez no podría continuar con el proceso de escolarización, como quedó establecido en la declaración rendida en sede de juicio oral por parte de la señora Ivón Cheque Acosta que indicó que fue por orden directa de la señora Amanda Azucena Castillo Cortés”, señaló el fiscal del caso según registró la revista Semana.

Danilo Pinzón, quien entonces era menor de edad, declaró después de siete años de juicio y afirmó que la relación con Urrego fue consentida, sin ningún acoso sexual. Aseguró que él y sus padres fueron obligados a presentar derechos de petición en cinco entidades para acusar al joven de acoso. Según dijo en la audiencia el abogado Ludwing Castro, fue la ex rectora la que redactó los documentos para acusar al joven.

El representante de la Procuraduría General de la Nación también solicitó declarar la responsabilidad de Azucena Amanda Castillo como autora de falsa denuncia porque el documento estaba firmado por ella y fue radicado en la URI, la Fiscalía, la Alcaldía, la Comisaría y el ICBF de la localidad de Engativá. El Ministerio Público también solicitó condena en calidad de coautora de ocultamiento de material probatorio porque aseguró que la directiva impidió a la Fiscalía acceder a documentos de la institución para investigar la muerte del joven.

Además, según su testimonio, Amanda Azucena lo obligó a contar su orientación sexual a sus padres cuando no estaba preparado para dar ese paso, lo que le generó un episodio traumático y doloroso del que aún no se ha podido recuperar.

“Mis padres lo sabían y todo el mundo lo sabía. La psicorientadora y la directora Azucena Castillo sabían que era una relación totalmente consensuada, así que en ningún momento fue un secreto”, aseguró el joven.

Esa falsa denuncia, por la que ahora es judicializada la ex rectora, fue descrita en la carta final de Sergio Urrego como una de las razones que lo llevaron al suicidio, sumado a la discriminación que habrían promovido las directivas del plantel, delito por el que la Fiscalía había solicitado condena desde el 2015 y no fue posible fallar.

Adicionalmente, por medio de un acuerdo con Rosalía Ramírez, ex veedora y profesora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, el ente acusador determinó que al conocerse el proceso penal por la muerte de Urrego, se dio la orden en el centro educativo para eliminar los archivos con llamados de atención y sanciones con que las directivas, presuntamente, acosaron al estudiante.

Con base en ese material probatorio, la Fiscalía solicitó condenar a Azucena Castillo por “los delitos de ocultamiento de elemento material probatorio, en concurso material y heterogéneo con el delito de falsa denuncia en persona determinada”.

La mamá de Urrego, Alba Lucía Reyes, y su abogado, consideran que es probable que se emita al fin una sentencia condenatoria, sin embargo, esta puede ser apelada y llegar al Tribunal Superior. Una situación jurídica que, por los apretados tiempos del juicio, llevarían a que finalmente el caso prescriba.