Exmiembros de la junta directiva de Reficar apelarán fallo de la Contraloría

El lunes 26 de abril, la Contraloría General de la República profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones por el caso Reficar en contra de cinco exfuncionarios de la empresa, siete miembros de la junta directiva y cuatro contratistas.

Luego de esta decisión, los exmiembros de la junta directiva de la empresa anunciaron, a través de un comunicado, que apelarán la decisión del ente de control. “Respetamos la decisión de la Contraloría, pero disentimos de la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra de los funcionarios de Reficar. En consecuencia, procederemos a apelar la decisión y, de ser necesario, acudiremos a otras instancias para revertir el fallo proferido”, se lee en el documento.

Señalaron que el fallo de la Contraloría “pone en riesgo la ejecución futura de megaproyectos en Colombia, ante la incertidumbre que supondría para cualquier decisor, tener que responder patrimonialmente por diferencias entre la expectativa de rentabilidad y la que resulte como indicativa en cada momento de evaluación de un proyecto”.

Además, advirtieron que con esta decisión “se impone a los miembros de la Junta Directiva y administradores la obtención de la rentabilidad como obligación de resultado, so pena de responder con su patrimonio”, así lo señalaron los exmiembros de la junta directiva que crearon el grupo llamado “La Verdad Caso Reficar”.

De la misma forma, estas personas señalaron que, para el momento en que publicaban el comunicado, no habían sido notificados legalmente sobre el fallo de la Contraloría.

Por otro lado, señalaron en el comunicado que el ente de control “se apartó durante todo el proceso del inmenso caudal probatorio que demuestra que tomamos las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la Refinería. En consecuencia, no estamos ante un fallo en derecho”.

Cabe resaltar que los exfuncionarios de la empresa Reficar declarados responsables fiscales son: los presidentes Reyes Reinoso Yanes, Orlando José Cabrales Martínez, y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli y Magda Nancy Manosalva Cely.

En cuanto a los miembros de la junta directiva se trata de Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henru Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque.

El grupo de los exmiembros de la junta directiva agregó que el fallo de la Contraloría “es contradictorio con las conclusiones a las que arribó la Procuraduría General, después de ocho años de profundas investigaciones en las que destacó la actuación diligente y acertada de los miembros de Junta Directiva y demás administradores de Reficar”.

De la misma forma, destacan que el ente de control desconoció 10 experticias técnicas emitidas por firmas nacionales e internacionales. “Entre las diversas estrategias y planes de mitigación implementados, durante los años 2012 y 2013, la Junta Directiva y la administración de Reficar, de ese entonces, y con el apoyo de expertos, evaluaron demandar al contratista, retirarle alcance o cambiarlo. La opción menos onerosa y de menor riesgo resultó ser continuar con el contrato y presentar la reclamación arbitral después de haber garantizado la terminación del proyecto”, señalaron.

El fallo de la Contraloría también incluye a cuatro multinacionales contratistas del proyecto. Se trata de Chicago Bridge & Irony Company CB&I Uk Limited, Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc.

Entonces, los exdirectivos señalaron en el comunicado que “el costo inicial proyectado en 2009 por CB&I de USD 3777 millones, no puede ser el punto de referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería de Cartagena, pues el tiempo probó que el estimado inicial de costo y tiempos eran errados y subestimados”.

Por su parte, la Contraloría calificó la conducta de los hallados responsables como “antieconómica, ineficiente e inoportuna” y que con esta “contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos, que se convierte en el mayor detrimento patrimonial del Estado colombiano en toda su historia”.

La Refinería de Cartagena inició su ampliación en 2007 y se inauguró en octubre de 2015, con un retraso en su entrega de 27 meses, que generó un lucro cesante de $1.936 millones como indicó la Contraloría en 2016.

Aunque originalmente contó con el respaldo de la empresa suiza Glencore International A.G., que en un primer momento tuvo el 51 % de Reficar, y Ecopetrol el 49 %, en 2009 Glencore se retiró por cuenta de la crisis económica mundial de la época, quedando Ecopetrol con el 100 % de la sociedad.

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