El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda contra la Nación con la que la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro pide una indemnización de más de 1.800 millones de pesos por la privación injusta de su libertad.
Cómo lo recuerda Diario Occidente en el 2018 la Fiscalía precluyó un proceso contra la entonces gobernadora del Valle, quien fue investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y vínculos con paramilitares.
La investigación, adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte Suprema de Justicia, se derivó de las supuestas negociaciones que entre 2005 y 2007 realizó la sociedad Agropecuaria Ceiba Verde Ltda., de la cual hace parte la excongresista, al adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Bolívar (Valle del Cauca), predios que tuvieron su origen en actividades de narcotráfico del Cartel de Cali.
Según lo establecido y de acuerdo con los ingresos que obtenía la parlamentaria, la compra de las tierras no estaría justificada. atribuyeron vínculos con el Bloque Calima de las AUC y que aparentemente había recibido dineros ilícitos para sus aspiraciones al Congreso.
Finalmente la Fiscalía determinó que no hubo pruebas que la vincularan a estructuras ilegales y en su momento la acusada atribuyó ese largo proceso de 12 años a “falsos testigos” que pretendieron torpedear su carrera política.
Pues algunos de los testimonios habían sido de ex paramilitares como alias Don Diego, don Berna, Ernesto Báez.
“Después de 12 años de investigación, de practicar innumerables pruebas en Colombia y en exterior, la Fiscalía ha tomado la decisión de precluir la investigación en favor de Dilian Francisca Toro, por el delito de lavado de activos, las investigaciones contra la doctora de carácter penal están cerradas por la Corte Suprema de Justicia y esta por la Fiscalía General de la Nación”, concluyo el ente acusador.
Toro estuvo privada de la libertad durante 373 días -1 año y 8 días-, razón por la que ahora reclama una indemnización que justifica de la siguiente forma: Por perjuicios morales la exgobernadora reclama $723.640.959, por daño emergente otros $211.634.111 y por lucro cesante, $828 .604.124.
Como lo publicó la W Radio La defensa señala en el documento presentado que se pide que “se declare judicial, solidaria y extracontractualmente responsable a la Nación y a la Fiscalía General de la Nación por los daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la exgobernadora”.
“Se les condene, en consecuencia, a pagar a título de indemnización en favor de los demandantes, la suma de mil ochocientos cincuenta y cuatro millones setecientos treinta y un mil setecientos noventa y cuatro pesos ($1.854 ì731.794), valor que comprende conforme a perjuicios morales, la suma de setecientos veintitrés millones seiscientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($723 ì640.959), según sea el perjudicado directo y los perjudicados indirectos, por afectación directa de bienes convencional y constitucionalmente protegidos (derecho a la honra y buen nombre), el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Dilian Francisco Toro Torres”.
De acuerdo con la FM, la acción judicial fue presentada por Toro, su cónyuge Julio César Caicedo, su hijo, su madre y, en general, 13 familiares cercanos.
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