A pesar de que en Colombia la interrupción del embarazo es un derecho, 70 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos

En respuesta a las dos demandas contra el delito de aborto que estudia la Corte Constitucional, mujeres de distintas edades y partes del país lanzaron una campaña en redes sociales para solicitarle al tribunal que permita el aborto libre hasta la semana 14 en Colombia. Ante la posibilidad de que la Corte, como ha hecho en el pasado, se inhiba de tomar una decisión que avance en los derechos de las mujeres y le pase la responsabilidad al Congreso, #14porColombia ofrece razones para no desaprovechar esta oportunidad histórica.

Han pasado 15 años desde la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en tres causales. A pesar de que en los años siguientes la Corte ha reconocido el aborto como derecho, hoy 70 mujeres al año siguen muriendo por abortos clandestinos y hay más de 5.000 procesos abiertos en Fiscalía por el delito de aborto. Adicionalmente, las EPS, los hospitales y los prestadores de salud han creado obstáculos administrativos que no permiten que las mujeres accedan efectivamente al aborto. Eso ha generado una crisis de salud pública y una desprotección de los derechos de las colombianas.

Algunas razones para la aprobación de esta iniciativa:

• #14porColombia es una apuesta para salvar vidas, fomentar las maternidades deseadas y mejorar la salud de las mujeres.
• El aborto en el primer trimestre del embarazo es seguro y se puede realizar con medicamentos.
• Las 14 semanas son un tiempo razonable para que las mujeres tomen su decisión y accedan al aborto sin trámites ni obstáculos.
• Es el modelo que se adoptó este año en Argentina, donde hay aborto libre hasta la semana 14 y aborto con causales de ahí en adelante.

La Corte Constitucional no puede seguir evadiendo el problema y esperar que el Congreso actúe. Hace 24 años el alto tribunal dijo que el tema del aborto le correspondía a los parlamentarios. Pero esperar que el Congreso actúe es irreal pues en 45 años se han presentado múltiples proyectos que no han sido aprobados. Con mujeres muriendo y con sus derechos limitados por obstáculos, es momento de que el alto tribunal tome una decisión para protegerlas.

A pesar de que existen las tres causales legales para abortar, las EPS no están atendiendo a las mujeres que necesitan del procedimiento y por el contrario, les están poniendo trabas para acceder a estos servicios. Finalizando el 2020, se conoció que la Superintendencia Nacional de Salud ha sancionado a diferentes EPS e IPS por negar el servicio de interrupción del embarazo a mujeres que cumplen con las causales. Hasta el momento se han puesto sanciones con multas por un total de 629 millones de pesos.

La sanción más alta fue interpuesta el pasado 16 de septiembre a Compensar por 298 millones de pesos, por incumplir las instrucciones de la Supersalud en las que le pedía un reporte sobre las mujeres que han acudido a la EPS solicitando la interrupción del embarazo. En febrero de 2018 se conoció la demanda de una mujer a la que esta misma entidad le negó el servicio de IVE, además de otros procedimientos no incluidos en el POS, denuncia que hizo que la EPS fuera multada con 234 millones de pesos.

A Compensar le sigue la EPS Servicio Occidental de Salud, quien recibió una multa de 64 millones de pesos, por no responder a una solicitud de Interrupción del embarazo. También, porque no refutó con argumentos válidos para la Superintendencia, el por qué no le realizaron el procedimiento a la mujer.

Por otro lado, el hospital regional del Magdalena Medio recibió una multa de 32 millones de pesos por negar el procedimiento de aborto a una mujer víctima del conflicto armado que había sido violada.

Y las IPS no se quedan atrás, según la información reportada por la Superintendencia de Salud, cuatro de las nueve IPS a las que se les realizó auditoría sobre los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, no cumplieron con las medidas necesarias. Estas fueron: el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el hospital San Rafael, de Ebéjico (Antioquia), el hospital San Joaquín (Nariño), y el hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, en Sincelejo (Sucre). Al parecer, ni siquiera usaban un anticonceptivo de emergencia en caso de que hubiese riesgo de embarazo y tampoco informaban a las víctimas sobre las ayudas psicológicas después del trauma.

En lo corrido del 2020, la Superintendencia reportó que han recibido 57 quejas de mujeres a las que les negaron el servicio de interrupción del embarazo voluntario. Según la institución el 100% de las denuncias fueron tramitadas y solucionadas. Sin embargo, el tiempo de respuesta no fue el óptimo pues varias de las EPS tardaron hasta 66 días en solucionar, lo que es perjudicial para las mujeres.

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