Régimen venezolano ha realizado ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias en frontera con Colombia: HRW

El operativo que adelanta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure contra grupos armados ilegales de origen colombiano ha incluido violaciones a los derechos humanos sobre los pobladores civiles, según determinó Human Rights Watch a través de testimonios y videos.

El operativo inició el pasado 21 de marzo con una amplia ofensiva militar en contra, al parecer, del Frente Décimo Martín Villa, una estructura armada residual de las disidencias de las Farc, que se había instalado en territorio venezolano. Tras los ataques, más de 5.800 nacionales de ese país cruzaron la frontera hacia el departamento de Arauca, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados.

Estas personas, según HRW, se habrían desplazado debido a la arremetida militar con bombardeos aéreos, los constantes enfrentamientos que produjo el operativo, así como los abusos en contra de la población civil, la estigmatización de los pobladores, las detenciones arbitrarias y otras situaciones que podrían llegar a ser crímenes de lesa humanidad.

De acuerdo con la organización, al menos cuatro campesinos han sido ejecutados extrajudicialmente, se han presentado detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares, torturas con residentes acusados de colaborar con grupos armados que siguen un patrón similar al de otros abusos denunciados de las fuerzas del Estado de Venezuela, en ocasiones anteriores.

“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Los miembros de la organización entrevistaron a 68 personas en Arauca, 38 de ellas desplazadas desde el estado de Apure, entre abogados, peritos forenses, periodistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, entre otros. “La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos”, señaló HRW.

El operativo habría contado con un amplio número de agentes, debido a que los testigos identificaron, no solo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino también a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

Las principales violaciones se habrían producido en las localidades de La Victoria y zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa. En estos lugares, los agentes del Estado allanaron viviendas sin orden judicial, sacaron a la fuerza a los residentes y a algunos los obligaron a cubrirse la cabeza con la camiseta y los golpearon, mientras amenazaban con matarlos.

“El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas”, detalló HRW sobre las ejecuciones extrajudiciales.

Los testigos también manifestaron que los militares venezolanos ingresaron a la viviendas, cometieron saqueos, destruyeron enseres, lo que atemorizó a la población. Algunos residentes se encerraron por días en sus hogares para luego huir del país y aquellos con nacionalidad colombiana temieron ser señalados de colaboradores de los grupos armados.

Aunque Tarek Saab, el fiscal de Venezuela, abrió una investigación con delegados de derechos humanos, HRW no recibió respuesta sobre el estado de las indagaciones y presupone que, como en violaciones anteriores, no se investigará a fondo y quedará en la impunidad.

“La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure”, señaló Human Rights Watch y solicitó determinar responsabilidades de los mandos y autoridades que ordenaron o conocieron las arbitrariedades.