La versión que dio inicialmente Francisco Larrañaga, la pareja de Juliana Galvis, en la que señaló que el soldado Cristián Saavedra estaba drogado cuando disparó su fusil en contra del vehículo en el que se movilizaban ellos con dos personas más, fue acogida en el proceso en el que se investiga las circunstancias de la muerte de la mujer trans, que falleció el pasado 24 de septiembre de 2020.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Miranda (Cauca), cuando Galvis se movilizaba en un vehículo que atacó el soldado Saavedra con su arma de dotación, porque supuestamente no se detuvieron en un retén que tenían en lugar del homicidio. Ese disparó fue el que acabó con la vida de la mujer.
Pero una fuente de la Fiscalía aseguró en el periódico El Tiempo que esa versión se desmintió, ya que en el lugar no se instaló ningún puesto de control, entre otras razones porque allí ni siquiera estaba la señalización correspondiente para ese tipo de actividades militares.
El diario bogotano también reseñó que la Fiscalía solicitó que el proceso pasara de la justicia penal militar a la ordinaria porque el soldado actuó de forma autónoma y no por un requerimiento de la fuerza. La solicitud la realizaron en noviembre del año pasado y fue aceptada.
Una vez se realizó el cambio de la jurisdicción, en la imputación que se le realizó al uniformado, a inicios de abril, se acogió de nuevo la versión -que no se había hecho pública, pero que se conocía desde que ocurrió la muerte de Galvis- en la que el compañero de la mujer aseguró que el soldado estaba drogado e intentó suicidarse luego de disparar contra su vehículo.
En el informativo de televisión Noticias Uno explicaron que al soldado ahora lo procesan por el delito de homicidio agravado en persona protegida, y que habría mentido cuando aseguró que había disparado a las llantas del vehículo, por lo que el proyectil rebotó e impactó a la mujer causando su muerte.
En el noticiero indicaron que en la investigación por este hecho se comprobó que el uniformado realizó el ataque armado de forma directa a corta distancia, tras cruzar unas palabras con los ocupantes del carro y después de haber consumido psicoactivos. Además, reseñaron en el informativo, el Ejército intentó encubrir lo ocurrido.
Con estas nuevas pruebas, la madre de Juliana pidió que caiga el peso de la ley contra el uniformado y al Ejército, luego de que inicialmente creyera que el disparó lo ocasionó un soldado joven e inexperto.
“El Ejército desde el comienzo quiso desviar los hechos. Ellos estaban consumiendo estupefacientes porque está comprobado. Es que el soldado no es el único culpable, el Ejército también es culpable, ellos tienen que responder”, dijo en Noticias Uno, Gloria Cecilia Díaz, la progenitora de Juliana.
En ese noticiero indicaron que la familia de la mujer está a la espera de un posible acercamiento con el Ejército, mediado por el Ministerio de Defensa, para que lleguen a una conciliación. No obstante, más allá de una indemnización, esperan disculpas públicas por parte de los militares, ya que consideran que se trató de un homicidio premeditado.
En una entrevista con la W Radio, John Fernando Ortiz, abogado de la familia de la víctima, dijo que la Fiscalía le imputó el delito de homicidio en persona protegida “por tratarse de una civil que no hacía parte del conflicto armado interno y que no registraba antecedentes”.
Mientras que la Fiscalía argumentó que Juliana Giraldo Díaz, al ser una mujer transgénero, estaba protegida por Derecho Internacional Humanitario.