A 30 fuetazos y a destierro fueron condenados 6 hombres acusados de atacar a la minga en Caldono

El asesinato de Sandra Liliana Peña, en la vereda El Porvenir, del municipio de Caldono, Cauca, el pasado 20 de abril, revolucionó a la comunidad que, ante los hechos, organizó una movilización el 22 de abril. En medio de la minga, hombres armados dispararon contra los manifestantes, y dejaron a 32 personas heridas. Seis hombres, señalados de perpetrar el ataque, fueron condenados a recibir 30 fuetazos y a ser desterrados, según los usos y costumbres del pueblo nasa.

La asamblea indígena, en vocería de Jorge Darío Campo, gobernador indígena, aseguró, en testimonios rescatados por Noticias Caracol, que “los que nos atacaron, ahí están los responsables, desde la jurisdicción especial indígena se está haciendo la aplicación de todo el tema del remedio, nosotros no le decimos castigo sino que es un remedio”.

Horas después de los hechos, que dejaron heridos a varios integrantes de la comunidad, la autoridad, en cabeza del general Marco Vinicio Mayorga Niño, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, manifestó que se había acordado un “diálogo con la Guardia Indígena para coordinar actividades de seguridad en los resguardos y con las autoridades ancestrales para iniciar tareas de erradicación de la hoja de coca que se encuentran en la zona. No obstante, se presenta una confrontación entre comunidades campesinas e indígenas en la vereda el Calmito”.

En su momento, la a Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró, ante la violencia contra la minga, que el Gobierno Nacional no estaba atendiendo la crisis de violencia correctamente, “la desidia institucional e incapacidad del Estado para proteger nuestras vidas frente a la arremetida de actores ilegales en nuestros territorios. Hay una crisis real en la implementación del Acuerdo de Paz (...), así lo evidencia la estela de muertos, masacres, confinamientos, despojo, que amenazan la supervivencia de nuestros pueblos”.

Además de los seis hombres condenados por autoridades de la comunidad, en la lista de desterrados hay 33 personas que fueron detenidas por la minga, según la comunidad, estas personas han venido “desarmonizando” al territorio respecto al cultivo de plantas con usos ilícitos, “porque siempre han mandatado los mayores sobre el tema de que en los territorios indígenas no debe haber cultivos ilícitos”, argumentó Campo.

En medio de la ejecución de los fuetazos, y del ritual que rodea el proceso para reprender a los acusados por la comunidad, fueron destruidas armas y demás elementos destinados para ataques violentos encontrados tras la violenta interceptación. “Requerimos acciones de apoyo a nuestra resistencia y de exigencia efectiva al Estado colombiano frente a la crisis humanitaria, social y de derechos humanos con la que pretende arrasarnos”, escribió la ONIC.

Aunque fueron condenados los señalados de haber atacado a la minga, todavía se trata de esclarecer la identidad de las personas que terminaron con la vida de Sandra Liliana Peña, “el caso de la gobernadora yo creo que en los términos de estos ocho o diez días, o menos de estos días, estaremos convocando a las 120 autoridades en el marco de los jueces naturales del tribunal indígena o el consejo de jueces para avanzar en este ejercicio”, indicó Jorge Sánchez, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Según dijo el consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Ferley Quintero, a la emisora W Radio, la gobernadora tenía planeado viajar a la ciudad de Popayán para asistir a una reunión con el Gobierno nacional, cuando fue víctima del atentado. De acuerdo con esa entidad, cuatro hombres armados la obligaron a salir de su casa y luego le dispararon. Sandra habría denunciado el aumento de los cultivos ilícitos de coca en su departamento.

“El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, rechaza los actos violentos que agreden las estructuras de Gobierno propio y denuncian la falta de garantías para la vida y la paz que el Gobierno de Iván Duque, a través de su incompetencia para gobernar, genera en los territorios indígenas del país”, manifestó la vocería del Consejo.

Seguir leyendo: