Niña de 11 años habría resultado herida en proceso de erradicación forzada con glifosato en Putumayo

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció que la fumigación ocurrió en la comunidad de la Juvenil, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, municipio de Puerto de Asís.

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Tumaco, 28 de diciembre de
Tumaco, 28 de diciembre de 2018. Erradicación de cultivos ilícitos en Tumaco. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El viernes 23 de abril hacia las 11:00 a. m. en la comunidad de la Juvenil, Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, municipio de Puerto de Asís, tres helicópteros aterrizaron desembarcando unidades de la Policía Antinarcóticos, cuenta la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Los campesinos de la zona, al percatarse de la llegada de la fuerza pública, invitaron a un diálogo para evitar la fumigación terrestre con glifosato, sin embargo, y según la denuncia, las unidades policiales respondieron de manera agresiva, insultando a los campesinos presentes, y atacándolos con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.

El enfrentamiento entre los campesinos y la policía terminó con una niña de 11 años herida en sus dos piernas y un campesino en el brazo. Luego de esto, los uniformados procedieron con la fumigación terrestre con glifosato de dos hectáreas, pertenecientes a dos familias de la comunidad de la Juvenil.

La organización detalla que nuevamente a hacia las 3:00 p. m. los tres helicópteros embarcaron a las unidades policiales.

“Los pobladores de la Zona de Reserva Campesina afiliados a la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica, ADISPA, siguen reclamando al gobierno de Iván Duque coherencia y cumplimiento con el Programa Nacional de Sustitución PNIS, y la construcción de paz en sus territorios”, insistió la comunidad.

La Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica está ubicada en el corregimiento de La Perla Amazónica departamento del Putumayo, al suroccidente de Colombia. Hace parte de la Llanura Amazónica o Bajo Putumayo, altamente rica en biodiversidad y fuentes hídricas. Tiene una extensión cercana a las 22 mil hectáreas, es habitada aproximadamente por 800 familias, la mayoría de las cuales se encuentran asentadas sobre el margen del río Putumayo y sus afluentes Toayá, Cuembí, Lorenzó, La Piña, Chufiyá y Mansoyá.

En 2015, alrededor de 800 familias de esta zona protegida fueron víctimas de las aspersiones aéreas con glifosato, que afectaron los cultivos de pancoger, los ríos y a la población.

Fotografía de archivo de un
Fotografía de archivo de un dron durante una prueba de fumigación de cultivos ilícitos en San Luis, departamento de Tolima (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

En su momento, Jani Silva, lideresa de la Perla Amazónica aseguró que, “la comida sembrada y los proyectos agrícolas se dañaron por el glifosato. Es algo criminal lo que están haciendo, rociando con glifosato los ríos”, expresó la lideresa, quien cuenta que, “están fumigando con glifosato en partes donde ni siquiera hay coca”.

En diferentes zonas del país hay comunidades que rechazan las intenciones del Gobierno nacional de reiniciar la aspersión aérea con glifosato para combatir los cultivos ilícitos.

El pasado 20 de abril, 39 ONG solicitaron a la Corte Constitucional, por medio de una carta, que articule una medida cautelar de suspensión al Plan de Manejo Ambiental aprobado, pues según estas, las audiencias que se llevaron a cabo por la Anla, el pasado diciembre de 2020 para dar a conocer el plan a la población, no garantizaron su participación total.

Las zonas que se intervendrán con aspersión se ubican 104 municipios de 14 departamentos de Colombia (Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Valle del Cauca y Vichada).

Que se compruebe que realmente el glifosato no afecta la salud, no afecta el medio ambiente y que el gobierno no le siga mintiendo al país, esta es una política fracasada, el Gobierno le está haciendo conejo a los Acuerdos de Paz” afirmó Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo.

De acuerdo con la Anla, la decisión está sustentada en argumentos técnicos “que fueron resultado de la evaluación del estudio ambiental, de los aportes presentados por la ciudadanía y las autoridades durante el proceso de la Audiencia Pública Ambiental”. Para la modificación, explicó la agencia, también se tuvo en cuenta a investigadores y Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), entre otros.

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