Procuraduría pide rechazar petición de ingreso a la JEP de Santofimio

Por medio de un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace la solicitud de sometimiento presentada por el exsenador Alberto Santofimio Botero, por su participación en el homicidio del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, perpetrado el 30 de abril de 1984, en Bogotá.

A través de un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que ese hecho no guarda relación material con el conflicto armado, pues fue perpetrado por miembros del llamado cartel de Medellín, liderado entonces por Pablo Escobar, con el objetivo de impedir que el entonces ministro continuara con sus acciones en contra del narcotráfico, y por lo tanto no se trató de un acto propio de las hostilidades.

Adicionalmente, la entidad indicó que “el aporte de verdad propuesto es insuficiente, debido a que no contiene elementos que contribuyan de manera concreta y efectiva al esclarecimiento de ese hecho.”

No sobra recordar que Santofimio tiene, desde 2011, una condena de 24 años de prisión por su papel como coautor en el magnicidio de su entonces contrincante a la presidencia de la República, Luis Carlos Galán, quien fue baleado en la plaza central de Soacha, al sur de Bogotá, el 18 de agosto de 1989. El líder liberal era, además, otro de los principales alfiles en la guerra contra el narcotráfico durante la década de los 80 en Colombia.

De igual forma, se encuentra en proceso por la muerte de Lara Bonilla desde 2018, cuando el fiscal octavo de Derechos Humanos lo llamó a indagatoria bajo el supuesto de que sabe más detalles del asesinato que los que se conocen. El argumento del ente investigador es que fue Santofimio quien le sugirió a Escobar que era necesario sacar del camino al ministro de Justicia.

El también exministro buscó ser aceptado ante la JEP el 3 de abril de ese mismo año, como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública implicado en el caso Galán. En ese entonces, sin embargo, le cerraron las puertas.

Volvió a protagonizar titulares en marzo de 2020, cuando las autoridades judiciales del país le concedieron la libertad condicional tras cumplir tres quintas partes de su condena en la cárcel La Picota de Bogotá, así como por consideración a su edad —78 años—, que lo deja en una posición vulnerable frente al covid-19.

Tras recuperar la libertad, el abogado tolimense decidió volver a probar suerte en la JEP, que anunció el pasado 15 de febrero que le iba a dar una nueva oportunidad para sustentar una posible entrada al sistema de justicia transicional, esta vez bajo la sombrilla del asesinato de Lara, considerado como crimen de lesa humanidad.

Para ello, la JEP explicó que el excandidato presidencial debe tener en cuenta que, “la participación en la justicia transicional demanda de una mínima relación de condiciones de tiempo (cuándo), modo (cómo o con qué medios de prueba o mecanismos de revelación de la verdad), lugar (dónde), en las que se surtirán las contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, conforme a los precedentes de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz”. Siendo el segundo y el cuarto los requisitos que la Procuraduría asegura que no se cumplen.

“Los procesos contra mí siempre han sido políticos, no jurídicos, por eso estoy hoy condenado. Yo siempre he acatado las decisiones judiciales, aunque no esté de acuerdo con ellas, por eso duré más de 10 años en La Picota y continúo cumpliendo la injusta condena que me fue impuesta. Pero como hombre inocente seguiré luchando hasta el último de mis días”, dijo Samper a Semana hace ya tres años. Hoy sigue en esa búsqueda.

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